Hasta el Supremo por una escalera

Las disputas entre vecinos pueden llegar muy lejos, y si no que se los pregunten a los padres de María López, un matrimonio de más de setenta años que residía en la localidad de Vilela (Villafranca del Bierzo), y que ayer se ha visto obligado a abandonar su casa a raíz de que el Juzgado de Instrucción número cuatro de Ponferrada ordenara la destrucción de la escalera de acceso a su vivienda. El calvario de este matrimonio y sus hijas comenzó hace seis años cuando deciden comprar una vieja casa de la villa y reformarla para poder habitar en ella. En el año 1997 iniciaron las obras de reforma de la propiedad que consistía en rehacer la escalera. «Modificamos la escalera porque era muy vieja y temíamos que mis padres se cayeran. Para facilitar la entrada a la casa inclinamos un poco la escalera lo que supone un beneficio para todos ya que cada uno seguía teniendo los 30 centímetros, previos a la remodelación, para entrar a sus respectivas casas» aclaró María López. Las obras acometidas contaban, según la afectada, con todos los permisos necesarios. «Teníamos el permiso del Ayuntamiento para inclinar la escalera» agregó. Sin embargo, poco tiempo después sus vecinos los denunciaron ante el Juzgado de Primera instancia número cuatro de Ponferrada. Después de seis años, y a la espera de la resolución judicial que dicte el Tribunal Supremo, en la mañana de ayer una pareja de la Guardia Civil de Villafranca y dos obreros se personaron en la casa y procedieron al derribo de la escalera tal y como se estipulaba en una orden provisional del juzgado. Según comentaron dos de las hijas de los propietarios, en el lugar no se personó nadie más y la presencia de los agentes se debió a petición expresa de los denunciantes por temor a ser agredidos. «La Guardia Civil se presentó porque ellos lo pidieron ya que decían que de lo contrario podíamos agredirles» comentó María López. Sin embargo, la vía judicial parece ser insuficiente para los denunciantes quienes. Según las afectadas, se dedican a ofender constantemente a los propietarios de la vivienda. «Nos amenazan, nos insultan. Esto es insoportable e insufrible. Mis padres y yo llevamos varios años tomando antidepresivos» añadió. La familia realizó la compra de la vivienda con la intención de abandonar Mosteiros, una aldea a 15 kilómetros de Vilela en la que carecían de algunas comodidades. «Mi padre tenía cuatro pesetas las ha invertido aquí y le han amargado la vida. Los hemos traído aquí porque así estaban más cerca de nosotros y porque allí por las noches no tienen luz, tampoco tienen médico. Los hemos traído con la intención de que tuvieran una vida mejor, y sin embargo los trajimos a la cárcel», significó.