La acusación denuncia un rosario de irregularidades en la instalación de gas

El Juzgado de Instrucción número tres de Ponferrada acogió ayer la primera vista oral por el ya conocido como el juicio por la explosión de gas en el edificio 185 de la avenida del Castillo, en el que se ventilan indemnizaciones por más de dos millones de euros. Las denuncias de los letrados de la acusación particular centraron en gran medida el desarrollo del proceso. Los representantes de las víctimas desgranaron las diversas irregularidades cometidas tanto en la ubicación e instalación del servicio, así como en la contratación de personal o en la dejación de sus funciones. Por su parte, la defensa de los imputados trató de eludir responsabilidades. Para ello los representantes legales de cada una de las empresas implicadas se limitaron a «culpar» al resto de imputados. Los letrados que se encargan de defender los intereses de las víctimas señalaron irregularidades concretas como que cuando se procedió a la realización de las obras de instalación de la red no se respetó la distancia de profundidad a la que se tiene que ubicar la válvula ni la distancia de separación que ésta tiene que guardar con respecto a la fachada. Algunos de los abogados señalaron que las distancias estipuladas por el Ayuntamiento mostraban que se debía colocar a 40 centímetros, y sin embargo la válvula estaba enterrada sólo a 27 centímetos. Al mismo tiempo señalaron que la separación con respecto a la fachada era de 1,09 metros. Entre las deficiencias anotadas, los abogados hicieron especial hincapié en que los desperfectos en la instalación de gas no se limitan únicamente al inmueble destrozado a raíz de la explosión sino que estos son extensibles a otras zonas de Ponferrada. Por ello, los letrados recordaron que el soldador de la empresa Ocagas, encargado de realizar varias obras mecánicas en la ciudad, fue sancionado por la propia empresa. Las razones para sancionar al empleado fueron que Ecca, empresa encargada de revisar la instalación, elaboró actas de no conformidad en la red de gas en diversos inmuebles de Ponferrada. A esto se unió como argumento la falta de la titulación necesaria de la «cabeza visible» de la empresa Oscagas Instalaciones, Beatriz Bandera, para ejecutar las funciones que estaba desempeñando. Las contradiciones entre los imputados también estuvieron presentes, ya que la primera en prestar declaración, Beatriz Bandera aseguró que Oscagas se limitaba a cumplir las instrucciones que aportaban el técnico de Gas Natural, Fernando Guilló, y las inspectora de Ecca, Beatriz Rodríguez. «Fernando Guilló y Beatriz Rodríguez me decían lo que se debía hacer y yo se lo transmitía al soldador» , signficó. Mientras que Guilló aseguró que su labor se limitaba a visitar la obra para saber cuales eran los avances. «Yo no hacía la inspección sino que garantizaba que ésta se desarrollaba de acuerdo a lo estipulado en el proyecto», concretó Guilló. «Yo daba el visto bueno a la obra, pero no hacía inspección porque no era mi responsabilidad» FERNANDO GUILLÓ Representante de Gas Natural