Castro basa el pacto en la imposición de la vicepresidencia del PP en el Consejo

«Los consejeros del sector B se comprometen a respetar la unidad de acción del Grupo popular y a defender, mediante su voto y en todas sus intervenciones, los acuerdos y todo tipo de documentos y líneas de actuación del grupo y de los demás grupos institucionales del Partido Popular, así como a acatar las decisiones y directrices emanadas de los órganos directivos del PP». Este es uno de los puntos del documento presentado por José Luis Castro para alcanzar un acuerdo con el grupo de los once críticos en el seno del Consejo. La consejera Beatriz Anievas considera que este punto viene a demostrar que la voluntad del grupo oficialista es conseguir un acuerdo basado en la imposición, no en el encuentro. Además, la concejala del PP denuncia que el documento de José Luis Castro viene a demostrar de manera clara que quien ha tenido intención de resolver la crisis mediante el reparto de cromos son ellos. Reparto de cargos El acta está articulada a lo largo de diez puntos en los que se desgrana la participación de los dos sectores del PP en los órganos del Consejo. Además, se exige el mantenimiento de la dotación de una secretaría de grupo, y la asignación de una dedicación exclusiva -que sería desempeñada por Manuel López, consejero por Fabero-. Estos dos puntos fueron desechados el pasado miércoles por la presidenta comarcal del PP, Fátima López Placer; no así los cargos de presidente del grupo popular y de vicepresidente segundo del Consejo, que el documento explicita será desempañado por Alfonso Arias. Este es el principal caballa de batalla para los críticos, que denuncian que este cargo es la muestra de que el pacto con el PSOE está fuera de toda duda. «En nuestro documento no incluíamos ningún punto en el que reivindicáramos cargos remunerados; es más, el de presidente de la Comisión de Cuentas -remunerado con 600 euros por reunión- se lo ofrecieron a Manuel López García. En el caso del documento del grupo A -como se autodenominan los oficialistas- se ofrece que esta comisión sea desempeñada por Santiago Rodríguez, consejero de Cabañas Raras, durante la primera mitad del mandato electoral. Concluido este periodo, el consejero cesará y será sustituido por uno del sector B, que a su vez cesará como representante en todas las comisiones en que figurase como tal, siendo sustituido en ellas por Santiago Rodríguez Aller. «Todos estos puntos reflejan el corte dictatorial del documento». destaca Anievas. Así, en el documento se exige que los consejeros críticos renuncien de manera expresa a la presentación del recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos adoptados en la sesión extraordinara del pleno del Consejo Comarcal, celebrado el día 23 de agosto del 203. Asimismo, éstos deberían renunciar al ejercicio de cualquier acción legal que, derivadas de su acción corporativa, no sean acordadas por la mayoría de los consejeros del Grupo popular.