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Los afectados están dispuestos a acudir a la Unión Europea para acabar con el proceso

Propietarios de fincas en Arganza exigen a la Junta que paralice la concentración

Un centenar de vecinos se concentró en Ponferrada y acreditó la propiedad de sus parcelas

Ponferrada

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Casi un centenar de propietarios de terrenos del municipio de Arganza se manifestaron ayer ante las oficinas de la Junta de Castilla y León en Ponferrada para exigir la paralización del proceso de concentración parcelaria. Los afectados, reunidos en torno a una coordinadora, también acreditaron la titularidad de sus fincas ante la administración, sin que la entrega de documentación suponga la conformidad con el proyecto y para evitar que sus terrenos figuren como «propietario desconocido» en el listado de fincas que elabora la empresa contratada para lleva adelante el proyecto parcelario. Los propietarios incluyeron en la documentación un escrito en el que de dejaban constancia de su rechazo a la concentración y anunciaron su disposición a recurrir ante la Unión Europea si la Junta continúa adelante con el proceso. «Bajo ningún concepto se puede beneficiar a dos para perjudicar a ochenta», se quejaba en el interior de las oficinas de la Junta, el alcalde pedáneo de la localidad de Campelo, Gonzalo Perigoli, mientras los vecinos descontentos hacían cola ante los funcionarios para entregar la documentación de sus fincas. Y es que la coordinadora de afectados está convencida de que el proceso de concentración están privilegiando a una minoría de personas, como los titulares de viñedos en espaldera que ha recibido subvenciones de la administración, en perjuicio de los pequeños propietarios de cepas de cincuenta o sesenta años, o de dueños de fincas de castaños que no se están valorando en su justa medida. Según el portavoz de la coordinadora, Luis Fernández, la concentración anulará la agricultura familiar, creará daños morales en personas que anteponen criterios sentimentales y de herencia a la rentabilidad económica, y perjudicará al paisaje porque desaparecerán los árboles autóctonos y la fauna. La coordinadora, que dice representar a 400 vecinos, entiende que le empresa contratada por la Junta está manipulando a los propietarios con información sesgada e instando a que entregan la documentación con coacciones.