El TSJ obliga a volver al trabajo a un operario de Anllares declarado incapaz

Dolores cervicales y lumbares, ansiedad, limitación de movimientos, incapacidad para soportar pesos y realizar esfuerzos. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y los médicos privados que examinaron al Luis Fernández Canedo, electricista de la central térmica de Anllares que sufre secuelas de un accidente de tráfico, coinciden en el diagnóstico, pero difieren en el alcance. Fernández Canedo, casado y con una hija, deberá reincorporarse a su trabajo el próximo 8 de enero después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya revocado la sentencia de un juzgado de Ponferrada que había reconocido su incapacidad laboral permanente y le había concedido una pensión. El TSJ entiende que el informe de la Seguridad Social, parte demanda, que señalaba la «evolución favorable» de las dolencias de Canedo tiene más valor objetivo e imparcial que el dictamen de los médicos que le diagnosticaron un esguince cervical y lumbar crónico y al que la juez de Ponferrada había dado más crédito por tratarse de «exploraciones y exámenes más detenidos y completos». «No puedo realizar esfuerzos. Cuando salimos a comprar es mi mujer la que tiene que llevar las bolsas de la compra» explica el afectado, indignado porque considera que el argumento del TSJ provoca indefensión porque da prioridad a los informes de la administración y «la Dirección Provincial de la Seguridad Social no deja de ser juez y parte en el proceso». Al TSJ le convence más el dictamen de la Seguridad Social porque «incorpora la presunción de objetividad e imparcialidad» frente a unos informes médicos emitidos a instancias del asegurado y que en opinión del tribunal no tienen el suficiente «rigor científico o cualificación profesional» como para prevalecer sobre el diagnóstico oficial. Canedo había aportado informes privados de un neurocirujano, el jefe de Traumatología del Hospital del Bierzo y un psicólogo. Canedo lamenta que el TSJ no pueda dar la opción de que los médicos que declararon como peritos en primera instancia y convencieron a la juez de lo Social defiendan ante el tribunal sus informes. El demandante considera que en el fondo de la sentencia desfavorable se encuentra «un recorte de las prestaciones de los asegurados con el beneplácito de algunos jueces», que ya ha sacado a la luz algunos casos dramáticos en las últimas semanas.