Aplazan las obras en nueve edificios históricos por la escasez de las ayudas

Más de la mitad de los dueños de edificios históricos que el pasado año obtuvieron en el Bierzo una ayuda de la Junta de Castilla y León para financiar obras de restauración en sus inmuebles ha renunciado a la subvención porque la cantidad concedida apenas cubre la mitad del importe del IVA correspondiente a las obras. De los 15 propietarios de inmuebles declarados bienes de interés cultural o integrados en conjuntos históricos que el pasado año obtuvieron una ayuda de la Junta, al menos nueve han confirmado a este periódico que han renunciado a la subvención porque apenas supone el ocho por ciento del presupuesto de los trabajos, cuando sólo el IVA que tienen que satisfacer por las obras alcanza el 16 por ciento. Se trata de todos los propietarios de pallozas de Balouta y Campo del Agua que lograron la ayuda del gobierno regional y de al menos dos de los dueños de inmuebles de la calle del Agua, en Villafranca, que optaron y lograron la subvención. Y es que el Bierzo no ha salido muy bien parado del último reparto de ayudas para restaurar bienes inmuebles de propiedad particular integrantes del patrimonio cultural de la comunidad. Aunque la orden del 6 de marzo del 2003 que estableció la línea de ayudas permitía subvencionar hasta el 40 por ciento del coste de las obras, en 12 de los 15 proyectos subvencionados en el Bierzo, la ayuda se quedó en un escaso ocho por ciento del presupuesto, otro más obtuvo el 12 por ciento, uno más el 16 por ciento, y sólo un plan de restauración recibió el 38 por ciento. La Consejería de Cultura, que el pasado año concedió 96 subvenciones a particulares en toda la comunidad autónoma con cargo a la línea de ayudas del 6 de marzo, apenas se comprometió a aportar un cifra global de 14.500 euros para restauraciones en la comarca, cuando el montante total de los 15 proyectos bercianos aprobados superó los 170.000 euros. En el resto de la comunidad, de los 96 proyectos subvencionados, 34 recibieron fondos para cubrir el 35 por ciento del coste de la subvención, según la relación publicada por el Boletín Oficial de Castilla y León. La orden establecía que la cuantía global máxima de cada ayuda nunca podría superar los 35.000 euros. La Junta habilitó un fondo de 900.000 euros.