El PP augura una guerra vecinal si no se paraliza la concentración parcelaria

Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Arganza dieron ayer públicamente su apoyo al amplio grupo de vecinos de este municipio que rechazan de plano el proceso de concentración parcelaria y exigen su paralización. Entienden que en este proceso no se ha informado conveniente a los afectados, se ha coaccionado a vecinos para que firmasen y afirman que al final, de llevarse a cabo, «perjudicaría más que beneficiaría al futuro de las localidades implicadas», afirmó el portavoz Juan Antonio Salví. Los populares afirman que según la documentación existente en la Consejería de Agricultura de la Junta la solicitud de concentración parcelaria fue presentada en octubre de 1994 por el entonces alcalde, el socialista Gabino Cascallana, una petición avalada con la firma de 139 propietarios. «Sin embargo -añaden- investigaciones posteriores han demostrado la existencia de más de 900 propietarios, cifra que evidencia claramente que esas 139 firmas no representan más del 50% de los afectados, por lo que el informe presentado por el regidor debería ser invalidado». Además, sostienen que este mismo argumento es válido para el inicio del procedimiento. Por otra parte, el PP afirma que a la asamblea informativa tras la que se produjo la votación y se elaboró el informe de aceptación social con el que se dio el visto bueno al arranque del proceso, asistió menos del diez por ciento de los propietarios implicados. Los populares atribuyen esta ausencia a la carencia de información. Asimismo, cuando se aprobaron las bases provisionales de la concentración no se avisaron a las juntas de trabajo creadas en las localidades afectadas y cuyo cometido era el de consensuar la calificación de los terrenos y marcar los perímetros alrededor de las poblaciones. Ahondando en sus críticas, los ediles del PP también denunciaron las coacciones que han tenido que soportar los afectados, «ya que en gran parte de los casos la gente aportó la documentación exigida engañada y presa del miedo sembrado por la empresa Grafos encargada de los trabajos, que amenazó a quien no la presentara que sus tierras quedarían en desconocido». Los propios técnicos de la Junta, según afirman, admiten que en esta zona la concentración es difícil, casi imposible. Así, los vecinos solicitan que se desista de seguir adelante con la concentración y se de prioridad a asuntos como la investigación sobre la mortandad de árboles autóctonos, mejora de vías de comunicación e infraestructuras que redunden en la creación de un turismo rural de calidad. «La situación ha generado agrias polémicas que amenazan la concordia y la paz» JUAN ANTONIO SALVÍ Portavoz del PP