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Fernández considera que las supuestas ilegalidades en los contratos acusan directamente al PP

El patronato renegociará el convenio de personal para salvar la residencia

El equipo de gobierno niega que esté buscando excusas para elevar la presión fiscal

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M. A. Cebrones - bembibre | corresponsal
León

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Renegociar el convenio de personal será una de las primeras actuaciones encaminadas a superar la crisis de la Residencia de la Tercera Edad El Santo de Bembibre. Cubrir la plaza de director y actualizar el IPC de las aportaciones de residentes completan el paquete con el que se afrontará la delicada situación actual. El patronato de la Residencia de la Tercera Edad de Bembibre estudia una salida a la crisis que actualmente vive el centro. Tras la reunión mantenida en la mañana de ayer, la concejal delegada del Patronato de la Residencia, Carmen Fernández, dio a conocer la previsión estimada en auditoría para las cuentas de la residencia a finales del 2004, y respondió a las acusaciones efectuadas desde el PP en las que el portavoz y ex alcalde, Jaime González, aseguró que la única intención del grupo socialista en incrementar una vez más la presión fiscal. Carmen Fernández comparó las manifestaciones del portavoz popular con una «crónica de prensa rosa, en la que no han presentado ningún tipo de dato ni cifras ni nada, tan solo dan por descontado que el equipo de gobierno disfruta elevando la presión fiscal, como si creyésemos que esa es la forma de obtener votos». Fernández aseguró que el estudio contable encargado por el equipo de gobierno arrojaba una previsión de ingresos de unos 900.000 euros frente a 1,08 millones contemplados en gastos. «Se trata de hacer una simple resta. La diferencia entre ingresos y gastos es de 28,5 millones de pesetas (171.280 euros). Estos son nuestros números, que presentamos para conocimiento del público en general. Ellos no han dado nada, ¿acaso no tienen ningún dato, por ineficacia?». En la presentación de cuentas, Carmen Fernández recordó que no se incluía el beneficio que debería obtener la residencia, en comparación con otras de equivalente calificación, y que duplicaría el resultado negativo de la situación financiera. Añadió además un desmentido a la actualización del IPC por parte del anterior equipo de gobierno «en el recibo se incrementaba, de forma automática, la subida de la pensión mínima contributiva, un incremento inferior al del IPC mientras que los gastos subían como consecuencia de la inflación, en mayor medida». La denuncia efectuada por los populares sobre situaciones de ilegalidad en los contratos de personal «les acusa a ellos directamente de ese tipo de actuaciones. Si realmente detectaron ese tipo de actuaciones hace cinco años, ¿por qué no las pusieron de manifiesto, si no que las taparon?».

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