Una indisposición grave del testigo protegido aplaza la vista oral del caso del hormigón
La vista oral del caso del hormigón, que se iba a celebrar en Ponferrada entre el 24 y el 27 de mayo, ha sido aplazada «dada la imposibilidad acreditada de que comparezca a prestar declaración el testigo protegido», según señala una providencia del Juzgado de lo Penal. La juez ha adoptado esta decisión tras valorar el escrito de la Guardia Civil que indica que «el testigo A no puede asistir al juicio debido a que se encuentra hospitalizado y se encuentra convaleciente». Según los investigadores, el testigo no estará en disposición de acudir al juicio hasta «junio o julio, siempre y cuando su evolución sea favorable». En esta vista se juzga la participación del empresario José Martínez Núñez, como instigador, en los sabotajes y daños causados a las plantas de hormigón y el domicilio particular de su competidor en el sector del hormigón, Gumersindo Castro. En días pasados, los defensores de este empresario han presentado numerosas excusas para evitar que su defendido acudiera a la vista. También están imputados los detectives José Manuel y Timoteo Pintado Palomo y dos de sus empleados, José Villanueva -cumple condena por dos muertes ajenas a este caso- y Gustavo Alonso Melcón. El caso del hormigón se remonta a 1996, año en que Sindo Castro decide instalarse en el Bierzo a pesar de las advertencias de Martínez Núñez de que no «pisara» su terreno. Los sabotajes se prolongaron hasta enero de 1999, cuando fue arrojado un cóctel de gasolina en la casa del empresario maragato en Astorga. A partir de este momento, la investigación policial pasó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Condena a los Pintado La suspensión temporal de la vista lleva la misma fecha (19 de mayo) que la sentencia de la Audiencia Provincial de León que condena a seis meses de prisión -2.160 euros de multa- a los hermanos Pintado y a sus empleados Alberto Marqués y Pedro Julián Fernández por la paliza propinada en 1998 al empresario berciano Claudio Marqués San Miguel. La sentencia reconoce la participación en estos hechos del fallecido Rafael Wolfang Pérez Álvarez, cuya carta manuscrita relatando este hecho, los sabotajes del hormigón y otros actos figura entre las pruebas aportadas por el fiscal y la acusación particular.