Apropicale no firma el convenio de la pizarra y lo impugnará

Apropicale, una de las dos patronales de la pizarra -sector que agrupa a unos 3.000 trabajadores en su mayoría en el Bierzo- rechazó ayer estampar su firma en el convenio regional suscrito por los sindicatos UGT y CC.OO. y por la otra organización empresarial, Apical. Los responsables de Apropical advirtieron que no están dispuestos a aceptar la cláusula de revisión salarial consensuada por los sindicatos y Apical que establece un incremento del 0,5% por encima del IPC previsto. A juicio de esta organización, esa cláusula es contraproducente en estos momentos de crisis del sector y afecta especialmente de forma negativa a las pequeñas y medianas empresas. Además, denunciaron que fue pactado por Apical y por Comisiones Obreras a espaldas de ellos. «Cuando llegamos a la anterior reunión y nos encontramos que ya habían consensuado esta subida, nos sentimos unos convidados de piedra. Apical ha sido quien se saltó los acuerdos previos que tenía la patronal», manifestó el portavoz de esta organización empresarial. Apropicale asegura estar de acuerdo en todo el resto del convenio con excepción del capítulo salarial. A su juicio, debe dejarse la cláusula que estaba en el convenio que establece la diferencia entre la cantidad pactada y el IPC real y que, a su juicio, garantiza la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Así las cosas Apropicale ha anunciado que impugnará la firma del convenio y además asegura que es la organización mayoritaria del sector pizarrero. Según sus cálculos controlan entrre 32 y 34 empresas con 1.300 trabajadores por lo que el convenio nunca tendrá validez, sino que será en todo caso un acuerdo de eficacia limitada. En todo caso, siguen dispuestos a negociar. Sin embargo, la patronal Apical también afirma tener una amplia mayoría en el sector y sostiene que su posición de privilegio, junto con el respaldo de UGT y CC.OO., da validez al convenio. Los sindicatos advierten que si finalmente unas empresas aplican el convenio y otras no, recurrirán a la vía judicial para defender los derechos de los trabajadores.