La provincial del PP decide hoy la suerte de Fátima López Placer

El Comité Ejecutivo provincial del PP decidirá esta tarde la suerte que corre la presidenta de la Junta Comarcal, Fátima López Placer, y quienes le apoyan, después del pulso mantenido por los críticos del partido durante la reciente elección de compromisarios para el Congreso Nacional del próximo mes de octubre. Los más de cuarenta miembros de la Ejecutiva que preside José María López Benito, entre los que se encuentran la propia López Placer, analizarán lo sucedido durante la atípica jornada de votaciones del pasado martes, cuando dos urnas, una del sector afín a la provincial y avalada por los órganos del partido, y otra del crítico, pugnaron por recoger los votos de los militantes. La reunión debe servir para alclarar si las medidas para relegar a López Placer y a sus simpatizantes de la Junta Comarcal se concretan en la creación de una gestora que pilote la transición hasta la elección de una nueva directiva berciana, o si el partido limita sus medidas disciplinarias en la persona de la presidenta y promueve una suspensión de militancia o incluso su expulsión. En el seno del PP oficial dejan abierto el resultado y podriá ser que incluso la creación de una gestora fuera paralela a las sanciones a López Placer. En caso de cristalizar la opción de la gestora, en el PP oficial se busca un hombre de talante dialogante, capaz de generar un amplio consenso, con un perfil que sitúa al actual coordinador de la Junta en el Bierzo, Fidel Cerezales, entre los candidatos más firmes a dirigir la transición. Los críticos aseguran afrontar la reunión de la provincial con la tranquilidad que da saber que el órgano no puede ser «juez y parte» y a lo sumo, y se limitará a proponer medidas que deberán ratificar los órganos superiores. «A lo sumo nos obligarán a cambiar de sitio las reuniones de la comarcal», decía ayer uno de los pocos miembros de la Ejecutiva berciana que ocupa un puesto de confianza en el órgano, Alberto Villaverde, antes de recordar que sobre la sede del PP en Ponferrada pesa una «amenaza de deshaucio» motivada por «la negativa de los concejales a pagar el porcentaje que marcan los estatutos». Villaverde defendió la transparencia de la votación en la urna paralela y denunció incluso una campaña de afiliación masiva de militantes emprendida por el sector oficial. «Eran votantes del PSOE que se han afiliado al PP porque tienen familiares metidos en el Ayuntamiento», afirmó.