La Junta no asumirá las mejoras en las viviendas sociales de Narayola

La jefa del Servicio de Fomento de la Junta de Castilla y León, Ana Suárez, se reunió ayer con los propietarios de las dieciséis viviendas de protección oficial construidas por la Junta en Narayola. Estos vecinos llevan varios meses reclamando mejoras en el abastecimiento, saneamiento y alcantarillado de sus casas. Sin embargo, los trabajos aún no han comenzado debido a que Ayuntamiento y Junta no se ponen de acuerdo sobre quién es el responsable de hacerse cargo de estos trabajos. Este es el motivo que trajo ayer a Ana Suárez hasta la Casa de la Cultura de Camponaraya para «explicar a los vecinos la situación real». Al término de este encuentro la jefe del Servicio de Fomento seguía insistiendo en que es responsabilidad del Ayuntamiento dotar de servicios urbanísticos a estas viviendas sociales. Suárez reconoció que a la Junta se le ha trasladado una petición de ayuda, por valor de 50.755 euros. «La Junta está abierta a colaborar con las obligaciones de los Ayuntamientos como lo ha hecho siempre». La tramitación de este tipo de subvenciones deberá ser aprobada por la Consejería de Fomento pero aún no se puede hablar de una fecha aproximada para su resolución. Por su parte, el alcalde de Camponaraya, el socialista Antonio Canedo, calificó de discriminatoria la actitud mantenida por la Junta con respecto a las viviendas de Narayola. «En ninguna población del Bierzo han hecho una discriminación de la misma envergadura que en Camponaraya». El alcalde remite a los bloques de viviendas de Magaz de Abajo y el Crucero, entre otros, en los que la Junta sí realizó la urbanización completa. Respecto a la responsabilidad municipal Canedo explicó su punto de vista. «Hemos cumplido, como ponía el acuerdo, dotar a pie de parcela de los servicios de abastecimiento, alcantarillado y luz a éstas viviendas». No obstante el Ayuntamiento se ha comprometido a aportar el dinero de la licencia de obras, unos 15.322 euros, para facilitar las reparaciones, un ofrecimiento que para Ana Suárez «no es nada excepcional ya que esto lo hacen todos los Ayuntamientos». Sin duda, los grandes afectados son los propietarios de estas viviendas que salieron de la reunión más confusos de lo que entraron. Marta Isabel Martínez, presidenta de la Comunidad de Vecinos comentó al término de la reunión sus impresiones y se mostró decepcionada por el resultado de ésta. «Nosotros le hemos pedido que nos diga un plazo para estar tranquilos y nos ha dicho que ella no es la persona competente para comprometerse, entonces no nos explicamos por qué se ha convocado esta reunión tan deprisa», declaró.