El PSOE pide cuentas a Riesco sobre La Llanada por la «deslocalización»
El grupo municipal socialista en Ponferrada aprovechó ayer la controversia que se ha generado al hilo de la sui generis «deslocalización» de la factoría que la cárnica Friber pretendía abrir en las faldas del Pajariel -y que ahora se pondrá en marcha en Bembibre-, para pasar factura genérica al gobierno de Carlos López Riesco sobre su política industrial. La concejala de la oposición, Isabel Álvarez, anunció la presentación de un escrito en el Ayuntamiento para recabar información sobre «el grado de ocupación de los terrenos de La Llanada», el gran polígono empresarial de Ponferrada en la zona de Santo Tomás, y también para conocer la relación de empresas que han manifestado interés por instalarse en dicho polígono. Los socialistas recuerdan en este sentido que han sido muchos los anuncios «a bombo y platillo» de compañías que prevían instalarse en el mencionado área empresarial, pero constatan que muchas de ellas han decidido «irse a otros lugares» para disponer de mejores condiciones y más facilidades. A propósito de la falta de preocupación del equipo de gobierno del PP por la «fuga» a Bembibre de la inversión de Friber, Álvarez expresó su inquietud y la de sus compañeros de grupo. Fundamentalmente, adujo, porque la «obligación prioritaria» del equipo de gobierno «es defender los intereses de la ciudad de Ponferrada». En referencia explícita a los comentarios de algunos miembros del ejecutivo Riesco en el sentido de que para el PP no tiene mayor importancia que una industria se acabe instalando en Bembibre o en Ponferrada. Clima desfavorable A juicio del PSOE no es de recibo que «empresas tradicionales» de Ponferrada tengan que «buscar ubicación fuera del municipio, porque aquí no se crea el clima apropiado para facilitar su instalación». En respuesta a las últimas declaraciones del concejal de Urbanismo, Juan Elicio Fierro, que preguntaba en voz alta a los socialistas si lo que persiguen es un polígono industrial en la falda del monte Pajariel, Isabel Álvarez significó, que no es ese el propósito de sus quejas, sino «que se respeten los derechos de las empresas que ya están instaladas y de sus trabajadores». «Si este equipo de gobierno pretende desplazarlas, debería plantearlo abiertamente y negociar la nueva ubicación», agregó la edil. A partir de estas puntualizaciones sobre el «caso Friber», el PSOE anunció que no volverá a realizar manifestaciones públicas hasta que el asunto se resuelva en los tribunales. Aunque Álvarez sí adelantó su interés por conocer quién pagará la indemnización a la empresa en el supuesto de que la decisión municipal no se ajuste a derecho.