Armi podría cambiar de nombre si Trabajo exige las euroayudas ilegales
La Asociación Regional de Municipios Mineros (Armi) podría llegar a desaparecer para renacer luego con otro nombre distinto si al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se le ocurre ejecutar a corto plazo la orden de devolución de 328.000 euros por el uso irregular de fondos europeos para las cuencas entre 1998 y el 2000. Esta es una de las hipótesis que se manejan ya entre los representantes de algunos municipios integrados en Armi, pero que por ahora no tienen marchamo de oficialidad. «Son comentarios y yo creo que ahora mismo es muy precipitado analizar esa cuestión», manifestó a este periódico el presidente en funciones de Armi y alcalde de La Robla, José Luis García. En opinión de García, sin embargo, la prioridad de la organización debe estar ahora mismo en la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo y también en conocer si es posible cargar con la responsabilidad civil de la mala gestión de las ayudas sobre la consultora GPI, que fue la firma contratada para gerencias los programas Adapt y Eurothstart. Por ellos, además, percibió una suculenta cantidad. Además, frente a los análisis «sotto voce» que apostarían incluso por una disolución para integrar un nuevo colectivo con los mismo fines, el presidente en funciones de Armi señaló que todavía no está claro si el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales puede ejecutar la resolución de los 328.000 o si ésta puede quedar suspendida hasta que se produzca un fallo en el Tribunal Supremo. La resolución final del Ministerio de Trabajo, después de los distintos recursos de Armi, estima que de los 1,6 millones de subvenciones europeas que se concedieron para mejorar la cualificación de los jóvenes de las cuencas y también sondear alternativas a la destrucción de empleo carbonero, no tienen justificación 300.000 euros empleados en cursos de formación a los que no acudieron precisamente personas entre los 16 y los 21 años, ni tampoco más de 20.000 euros que se asignaron para contratar una guía turística de las cuencas que nunca ha visto la luz, ni tampoco aproximadamente la misma cantidad que se destinó a la compra de ordenadores a la propia consultora GPI cuando esta adquisición estaba prohibida. Al menos, tras el último recurso, Trabajo ha eliminado casi por completo la devolución de unos 100.000 euros que exigía por dietas y viajes injustificados. El presidente en funciones espera, sin embargo, que el presidente, Laudino García, vuelva de sus vacaciones para reanalizar esta complicada encrucijada.