El PSOE desvincula la asignación de emisiones del futuro del carbón

La asignación de emisiones de CO2 a las centrales térmicas para cumplir el Protocolo de Kioto no condicionará el nuevo Plan del Carbón que el Gobierno negociará a partir de enero con los sindicatos y que debe garantizar el consumo de mineral autóctono para generar energía al menos hasta el año 2012. La diputada berciana Charo Velasco y el senador por León José Giménez insistieron ayer en desvincular el llamado Plan Nacional de Asignación de Emisiones del futuro de la producción carbonífera y dejaron claro que Gobierno cumplirá su compromiso histórico del PSOE con el sector aunque empresas como Endesa amenacen, ante el recorte de las emisiones, con renunciar a dotar a la térmica de Compostilla con las plantas desulfuradoras necesarias para que continúe funcionando. Velasco aseguró incluso que el carbón berciano podría llegar a quemarse en otras térmicas llegado el caso. «El Plan Nacional de Asignación de Emisiones no va a condicionar el consumo del carbón nacional», afirmó categórica la diputada berciana antes de anunciar que el ministro de Industria, Jordi Sevilla, aprovechará una interpelación parlamentaria para hacer oficial el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados el compromiso del Gobierno. Velasco adelantó que el Ministerio establecerá «medidas de compensación económicas» para hacer rentable el consumo de carbón nacional, por lo que «no tiene sentido que se ejerzan» las amenazas de las eléctricas de romper los contratos de suministro. La diputada recalcó que Endesa debería asumir su responsabilidad si decidiera finalmente no dotar a Compostilla con las plantas desulfuradoras necesarias para cumplir la directiva europea que a partir del 208 obliga a reducir las emisiones de azufre, y que «no tiene que ver» con la actual asignación de emisiones de CO2. «Endesa no puede responsabilizar al Gobierno de las decisiones empresariales que tome», declaró. Velasco insistió en que el mercado de compra de emisiones de CO2 aprobado por decreto «no repercutirá en la producción energética» y aseguró que el Gobierno socialista «ha heredado los deberes sin hacer del PP», que habría mantenido un sector energético «muy dependiente del exterior». El senador José Giménez, por su parte, acusó a la entonces ministra de Medio Ambiente del PP, Isabel Tocino, de dejar a España «en condiciones de inferioridad» a la hora de asignar en 1997 las emisiones mundiales de C02 en la cumbre de Kioto. «El PP negoció mal el cupo». Tanto Giménez como Velasco, en cualquier caso, defendieron la necesidad de reducir la contaminación mundial.