El PSOE teme que Pongesur acabe con todos los promotores de suelo

«El único promotor que quedará en Ponferrada será Pongesur». Así de categórico se expresó ayer el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Roberto Rodríguez, para denunciar la «especulación pura y dura» que a su juicio se esconde detrás del estudio sobre el suelo de la ciudad que la empresa municipal proyecta realizar antes de decidirse a diseñar nuevas promociones de viviendas. Rodríguez aseguró que tras el estudio, que tendrá un coste superior a los 400.000 euros, hay una «finalidad espúrea», que consagra el «modelo intervencionista» del equipo de gobierno del PP en la promoción de viviendas a través de Pongesur. «No sé si en Cuba se da un modelo similar», ironizó. Y es que el anuncio del concurso público para elaborar el estudio ha hecho saltar las alarmas en el PSOE local, que lo consideran una forma de adaptar la futura revisión del Plan General de Ordenación Urbana a la estrategia de captación de suelo de Pongesur, que eliminaría a los promotores privados y sospechan que podría derivar en «un trato privilegiado» a determinados propietarios de terrenos. Al PSOE le parece «muy poco ético» que el estudio, que definirá dos áreas de desarrollo urbano, se proponga identificar suelos incorporables al planeamiento, localizar a sus dueños y sondear sus precios de mercado, porque temen que estos datos acaben por condicionar la revisión del PGOU. «No se puede recalificar en función del propietario», advirtió Rodríguez antes de insistir en que ningún promotor se atreverá a comprar suelo mientras Pongesur no haya concluido el estudio, que tiene un plazo de ejecución de 15 meses, y el PGOU incluya las recalificaciones correspondientes. Rodríguez entiende que a los promotores no les quedará otro remedio que reconvertirse en constructores y «pasar por la cola de Pongesur», si quieren seguir en el sector inmobiliario. El portavoz socialista apoyó sus afirmaciones en el desinterés de Pongesur en impulsar viviendas de protección oficial, lo que otorgaría a la empresa del suelo una justificación social para su intervención comprando suelo no urbanizable para que el Ayuntamiento lo recalificara. «Pero no hay ni una sola vivienda de protección oficial en La Rosaleda», afirmó.