El PSOE exige el cese del delegado de la Junta por su mediación en Cortiguera

Los procuradores socialistas en Fuensaldaña, Raquel Pérez y Pedro Nieto, exigieron ayer el cese inmediato del delegado territorial de la Junta, el berciano Eduardo Fernández, al que acusan de haber mediado ente el director general de Administración Territorial y la pedánea de Cortiguera para la validación del pliego de condiciones para el arrendamiento de suelo comunal. Según el PSOE, «en esta operación se encerraba la legalización de algo irregular como ha quedado admitido y demostrado, suficiente razón a nuestro entender para pedir el cese del señor Eduardo Fernández a los responsables superiores de la Junta». Además, los procuradores socialistas bercianos pedirán hoy lunes la comparecencia inmediata del consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco para «que dé cuentas del expediente que suponemos tengan abierto al efecto y se realicen las investigaciones para determinar si hubo o no trama, así como exigirle la depuración de responsabilidades tanto políticas como administrativas e incluso penales si las hubiere». Según Raquel Pérez y Pedro Nieto, «de no hacerlo, el consejero nos permitirá albergar sospechas de complicidad de la Consejería en este farragoso y nada claro asunto, por lo que en lo que nos corresponde como oposición para el control del gobierno autonómico confiamos se dé la oportunidad a que este asunto pueda ser cerrado y depurado». Los procuradores socialistas, no obstante, avisan a la Junta que de no hacer nada para depurar las posibles responsabilidades, «estudiaríamos la conveniencia de plantear ante los tribunales las acciones que consideremos necesarias y oportunas». Hasta seis implicados Respecto a la implicación de políticos del PP, junto a Eduardo Fernández al que consideran uno de los máximos responsables, el PSOE apunta también a la pedánea de Cortiguera, Ángela Núñez, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carracedelo, Amparo Vidal, al alcalde del mismo municipio, Raúl Valcarce, el director general de Administración Territorial de la Junta, Luis Miguel González Gago, y al consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco. Tanto para Raquel Pérez como para Pedro Nieto, «lo que pretendían hacer todos ellos no es otra cosa que legalizar algo irregular utilizando el procedimiento administrativo de subasta pública, urdida por los interesados y apañada de forma que sirviera para obtener determinados resultados pretendidos de antemano». «Estos hechos han producido la repulsa de los vecinos de Cortiguera en primera instancia, de los partidos políticos y de quienes más o menos se han acercado al asunto y según se han ido desarrollando los hechos hasta la Junta retrocede».