El único grupo antisida de la comarca, abocado a desaparecer por su desalojo

«Es posible que desaparezcamos», decía ayer el portavoz de la asociación Caracol de apoyo a personas con VIH, Juan Manuel Rego, al valorar las consecuencias del desalojo judicial de su sede, que se ejecutará el próximo 19 de abril como fecha límite. Y es que en el mejor de los casos, la asociación se verá obligada a suspender sus actividades durante el tiempo que el Ayuntamiento necesite para acondicionar los bajos del estadio del Toralín, donde ha reservado un local para el grupo. Las obras, sin embargo, podrían estar concluidas cuando ya nadie se encargue de atender al colectivo de los enfermos de sida y sus familiares. La decisión de los vecinos del inmueble de la calle General Vives de solicitar al juzgado la ejecución de la sentencia de desalojo de Caracol, con el argumento de que los estatutos de la comunidad impiden alquilar pisos destinados a viviendas como sede de asociaciones, ha sorprendido desagradablemente a los responsables del colectivo antisida. La asociación contaba con que el vecindario, con quienes ha mantenido un largo contencioso judicial, tendría la deferencia de esperar a que el Ayuntamiento cediera al grupo uno de los bajos del Toralín, previsiblemente a finales de año. Y más después de que todos los intentos por encontrar una sede en otro punto de la ciudad hayan chocado con nuevos rechazo vecinales. A Rego también le parece precipitada la ejecución de la sentencia porque la Audiencia Provincial todavía no ha resuelto su recurso contra el desalojo. «La sentencia no se ajusta a derecho, porque no todos los vecinos han firmado esos estatutos», insistió Rego después de recalcar que el desolojo traslada a la sociedad un mensaje negativo; «el de que no es posible la integración social». «Esperar a que nos echen» La asociación, eso sí, ocupará el local de General Vives «hasta el último día» y no se irá antes de que llegue la orden de desalojo. «No tenemos otra alternativa. Esperaremos a que nos echen», aseguraba ayer Juan Manuel Rego. El portavoz de Caracol considera que la imposibilidad de encontrar una sede en la ciudad para el grupo, que ha obligado al Ayuntamiento a mirar hacia los bajos del Toralín para albergar a la asociación, pone de manifiesto «la mala gestión social de las instituciones». El desalojo de General Vives les dejará literalmente en la calle. «No tenemos a donde ir», se lamentaba ayer Rego.