| Reportaje | La fiebre de los hongos |
El maná está en las setas
La producción micológica berciana, estimada en mil toneladas al año y cuatro millones de facturación, atrae a recolectores que usan técnicas agresivas aprovechando una legislación ineficaz
Mil toneladas de producción al año y una facturación estimada de cuatro millones de euros no son cifras desdeñables. Sobre todo si se refieren a un sector, como el de la recolección de setas silvestres en el Bierzo, sometido más que ningún otro al capricho de las lluvias y regulado por una legislación ineficaz, que impide a los agentes forestales y al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil sancionar a quienes usen técnicas agresivas para recoger los hongos, según advierte la asociación micológica Cantharellus. El grupo de amantes de las setas de Ponferrada ya ha anunciado que presentarán una queja formal ante el Procurador del Común para denunciar lo que entienden que es una inhibición de la Junta de Castilla y León a la hora de ejercer sus competencias. El desembarco de temporeros en algunas zonas donde abundan los níscalos y la chantarella como San Juan de la Mata (Arganza), ya desató este otoño la alarma entre los vecinos, que vieron cómo el uso de rastrillos ha puesto en peligro la germinación de los hongos. Los vecinos, encabezados por el alcalde pedáneo, están dispuestos a promover la aprobación de una ordenanza municipal. El presidente de Cantharellus, Manuel Bernardo Álvarez, entiende sin embargo que la propuesta nunca podrá salir adelante porque ya existe una legislación autonómica que lo impediría, aunque «ata las manos» a los agentes que deben multar. «En 1999, la Junta aprobó un decreto que prohibía el uso del rastrillado o de bolsas de plástico, pero los agentes no lo pueden aplicar por se basa en una ley preconstitucional del año 1957. Así que en seis años no han podido poner ninguna multa, ni ninguna denuncia porque nadie puede ser condenado en base a la Ley de Montes de Franco, que en algunos casos hasta limita la libre circulación de personas, que es un derecho constitucional», lamenta Álvarez. Cantharellus lleva tiempo reclamando a la Junta una legislación en condiciones, que evitaría que la empresa que el pasado otoño trasladó a una treintena de temporeros extranjeros a San Juan de la Mata empleara los temidos rastrillos para abaratar la recogida y el control sanitario fuera cuando menos dudoso. «La Junta debería regular los aspectos comerciales, pero también los ecológicos, estableciendo unas medidas mínimas y unas cantidades máximas, y los sanitarios, para que las setas recogidas pasaran por su correspondiente inspección sanitaria», añade el presidente de la sociedad micológica. Cantharellus ha llegado a solicitar incluso una entrevista con el consejero de Medio Ambiente, «pero la Junta no se quiere implicar». Riqueza para los pueblos Álvarez tiene claro que, al igual que sucede con la legislación relativa a la pesca y a la caza, la administración autonómica está obligada a ejercer sus competencias. «Está claro que la riqueza de las setas debe revertir en los pueblos. Pero lo que no puede ser es que cada Ayuntamiento se ponga ahora a aprobar unas ordenanzas, porque sería un caos».