Mañueco se escuda en la rectificación para no intervenir en el casoCortiguera

El consejero de Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, echó ayer tierra políticamente hablando sobre la controvertida adjudicación de una gran finca comunal en Cortiguera (Cabañas Raras) a la empresa agroalimentaria del alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, proceso que al final se terminó suspendiendo. La anulación del pliego de condiciones fue precisamente el argumento con el que Mañueco contesto al parlamentario ponferradino del PSOE, Pedro Nieto, que preguntó en el pleno de las Cortes de Castilla y León sobre este asunto, en el que se vieron involucrado el pasado mes de febrero diversos cargos populares. La respuesta de Mañueco fue mucho más corta que la de su interlocutor, que había insistido al consejero sobre por qué la Junta autorizó una subasta de suelo comunal cuando es la Diputación la que tiene sus competencias. «Me dio la razón. Me dijo que efectivamente era así, pero que la Junta había rechazado el pliego de condiciones para la adjudicación de la finca», significó Nieto entre irritado y sorprendido. El parlamentario socialista comentó, sin embargo, que el intento de poner en manos de Raúl Valcarce una finca de diez hectáreas para la explotación de frutales, con un precio «irrisorio», constituye un claro caso de «corrupción frustrada». Y en esta línea se hizo eco de las sucesivas intervenciones en el proceso de cargos del Partido Popular, citando en primer lugar al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Raúl Valcarce. «Es un caso que les podría quitar el sueño. Saben de la implicación de agentes del PP en un Ayuntamiento que gobiernan, y en consecuencia quieren cerrar todas las puertas», declaró Pedro Nieto. La petición de responsabilidad política que mantiene el PSOE en las Cortes se produce después de que, ante la contestación popular, y también incluso de parte del gobierno municipal de Cabañas, la pedánea de Cortiguera, la también popular Ángela Núñez acatase el requerimiento de la propia Junta para no llevar adelante el arrendamiento de los terrenos comunales a Raúl Valcarce. El canon para una superficie de diez hectáreas, cuyo aprovechamiento debía ser la plantación de frutales, se había fijado en 52.000 euros, cantidad ínfima para la mayoría del vecindario.