Expediente contra la cúpula local de la abogacía por sus críticas al colegio

La junta de gobierno del Colegio de Abogados de León ha abierto expedientes sancionadores a los once integrantes de su comité directivo en Ponferrada. Los representantes de este órgano comarcal, junto a uno de sus asesores también expedientado, denunciaron ayer la situación, que consideran que es la respuesta de los responsables colegiales al recurso contencioso que se presentó el pasado mes de febrero contra los nuevos estatutos aprobados en diciembre, en una asamblea que entienden plagada de irregularidades. El primer expediente se incoó precisamente a Pablo Bello, que participó en la redacción del recurso, por una carta al director publicada el 29 de diciembre por este periódico en la que abordaba con mordacidad lo ocurrido en la asamblea del día 2 de ese mes. Los once restantes han llegado después de que el Colegio de Abogados de León ordenara al comité directivo del Bierzo suspender una asamblea informativa en la que Bello quería dar cuenta de su problema. La asamblea tuvo lugar recientemente, y a la misma acudieron unos 70 profesionales. «Se pretende silenciar a todo aquel que mantenga una postura crítica con los postulados de la junta de gobierno», reflexionó Javier Álvarez, que además es uno de los cuatro diputados del Bierzo en la propia junta de gobierno del Colegio de León. Y en cuanto a la opinión periodística por la que pretende sancionar a Bello, añadió: «Jurídicamente nos parece aberrante, porque el contenido de su carta no es calumnioso ni injurioso». Los doce expedientes de llegar a buen puerto -los afectados ya anunciaron que los recurrirán- supondrían nada menos que el alejamiento del ejercicio de la abogacía por un periodo de hasta dos años. Álvarez, arropado por el propio Bello, y también por otro de los miembros del comité directivo en Ponferrada, Javier Barrios, significó que la discrepancia con la aprobación de los estatutos se ha afrontado siempre desde el respeto, y lamentó que un colegio profesional intente coartar un derecho fundamental como la libertad de expresión. Aunque el comité directivo, en el fondo de los expedientes, ve nítidamente el malestar de la junta de gobierno que encabeza el decano, Juan González Palacios, por el recurso que estudia el juzgado número 1 de lo contencioso de León, y en el que se hace constar que en la asamblea en la que se aprobaron los estatutos se advirtió explícitamente a los votantes de la ilegalidad de reservar puestos en la junta de gobierno para los abogados residentes en el Bierzo. Sin embargo, tanto la Junta de Castilla y León como el consejo General de la Abogacía han emitido informes en los que se subraya que esta posibilidad, que fue desechada en los nuevos estatutos, no es ilegal en ningún sentido.