Cien abogados firman en solidaridad con el expedientado por discrepar del colegio

Casi un centenar de abogados han remitido a la junta de gobierno del Colegio de Abogados de León una misiva en la que se muestran solidarios con el letrado Pablo Bello, expedientado por publicar en la sección de Cartas al Director de este periódico su opinión sobre los ocurrido el pasado 2 de diciembre en la asamblea en la que se aprobaron los nuevos estatutos colegiales. Los 95 letrados, básicamente de Ponferrada, suscriben la misma carta al director por la que Bello se enfrenta a una suspensión de hasta dos años en el ejercicio de su profesión. Con lo cual, de algún modo se «autoinculpan», y ponen en la tesitura a la dirección del colegio de abrir otros tantos expedientes sancionadores. Aunque algunos de los firmantes, miembros del comité directivo del Colegio de Abogados de León en Ponferrada, ya están expedientados precisamente por no haber desconvocado una asamblea en la que se informó a todos los letrados de la situación por la que atraviesa Bello. La junta de gobierno que encabeza Juan González Palacios remitió una notificación para que dicha reunión no se celebrase, pero no surtió ningún efecto. La carta al director por la que se expedientó a Bello apareció inicialmente el 29 de diciembre, pero hasta tres meses más tarde no se conoció la existencia del expediente. Por esta razón, muchos de los firmantes, entienden que la iniciativa obedece a una simple represalia al conocerse que el abogado formaba parte del equipo redactor del recurso judicial que se presentó contra los estatutos aprobados por mayoría en la capital de la provincia, y que en estos momentos sigue su curso en los tribunales. En la carta, que ahora mismo han signado casi la mitad de los profesionales colegiados en la comarca berciana, sólo se analiza con cierto sarcasmo el modo en el que se desarrollaron las votaciones para la aprobación del estatuto. Por eso, este sector -que insiste en que no media ningún enfrentamiento territorial- considera que desde la dirección del colegio se está poniendo en entredicho claramente el derecho a la libertad de opinión y de expresión que se consagra en el artículo 20.1 de la Constitución.