El procurador Joaquín Otero se muestra sorprendido de que los socialistas cambiaran de actitud
PP y PSOE frenan el intento leonesista para modificar la ley de la comarca
La UPL acusa a sus contrincantes de carecer de voluntad política para revitalizar el Consejo
La previsión se cumplió. Los votos de los procuradores regionales del PP y los del PSOE echaron ayer por tierra en las Cortes la proposición de ley de la UPL que planteaba la modificación de la ley que regula el Consejo Comarcal del Bierzo. Con ella se pretendía la elección directa de los consejeros por parte de la ciudadanía en las urnas, en lugar de que sean los políticos electos los que decidan quién participará en esta institución que representa a los 37 municipios de la comarca. Los populares y los socialistas votaron «no» a la propuesta leonesista. Esto despertó la sorpresa del procurador de la UPL, Joaquín Otero, quien recordó que en febrero del 2003, siendo Charo Velasco procuradora regional, se abstuvo a una iniciativa de cambio idéntica a la votada en contra ayer por el PSOE. Joaquín Otero, nada más producirse la votación en Valladolid, acusó a popualres y socialistas de carecer de voluntad política alguna «para cambiar nada que tenga que ver con el Consejo Comarcal del Bierzo». El dirigente leonesista destacó que al PP quiere «un Consejo débil, porque creen que les conviene y quieren mantenerlo así mucho tiempo para que no se hable ni se retoque nada, para ganar tiempo». El leonesista destacó que la postura del PP es «absurda», puesto que con las reglas normales democráticas, los populares estarían gobernando en la actualidad la institución comarcal por tener más votos que el PSOE. Al éstos también le didicó lo suyo Otero: «Están agusto porque así, sin ambios, tienen más posibilidades de gobernar y mientras tanto se entretienen con una institución debilitada». Desde la UPL también están convencidos de que no es cierto el argumento de los populares y socialistas en el sentido de que esta modificación de la ley de la comarca entraría en choque con otras leyes nacionales, como la Ley General Electoral o la Ley Régimen Local. «No he encontrado ningún artículo, ni informe jurídico que diga que esta modificación sería ilegal», destacó Otero.