Insta a asumir la responsabilidad civil subsidiaria tras la condena a su ex jefe de Minas
Un juez advierte de embargo a la Junta por perjudicar a una cantera
Félix Sánchez Araújo, insolvente, debía abonar 339.000 euros por clausurar la explotación
El Juzgado de lo Penal número uno de Ponferrada ha requerido a la Junta de Castilla y León para que abone a la empresa de áridos Canteras y Concretos la indemnización de 339.000 euros impuesta al que fue jefe de Minas en Ponferrada, Félix Sánchez Araújo, por los perjuicios causados al clausurar la cantera Cristina 345 de Toral de los Vados durante un periodo de 15 meses, en 1993 y 1996. La magistrada -que ya había declarado la insolvencia de Araújo para hacer frente a la indemnización- advierte en su providencia de que, como responsable civil subsidiaria, la Junta deberá ingresar en la cuenta del juzgado el dinero que su antiguo funcionario no puede pagar. De no ser así, el juzgado procederá a embargar a la administración autonómica. El propietario de Canteras y Concretos decidió en su día denunciar a Araújo y al que fue apoderado de las empresas de áridos Catisa y Cadesa, del grupo Martínez Núñez, Antonio Merino, acusándoles de un delito de cohecho (soborno) y por entender que el primero servía a intereses empresariales de las dos sociedades. En enero del 2002, el mismo Juzgado de lo Penal número uno de Ponferrada emitía una sentencia en la que condenada por cohecho al apoderado de Catisa y Cadesa y al propio ex jefe de Minas de la Junta. El juzgado consideraba probado que Merino había entregado cinco millones de pesetas a Araújo en el año 1990. La Audiencia revocaba parcialmente el fallo en noviembre del mismo año y declaraba extinguida toda la responsabilidad de Antonio Merino por entender que el delito de cohecho había prescrito. Dinero no devuelto Tanto en la primera sentencia de Ponferrada, como en la de León, sin embargo, se ponía de manifiesto que Araújo no había acreditado la devolución del dinero recibido de Merino «en concepto de préstamo» y dejaba claro que el ex jefe de Minas había dirigido su actividad administrativa «a favorecer a la empresa Cadesa en relación con la cantera Cristina número 345 (...) pues dicha entidad mercantil, al igual que Catisa, tenían como actividad la elaboración de áridos para la construcción».