Guerra entre civiles por el cuartel

Fue la propia Guardia Civil la que esta misma semana filtraba, unas horas antes de que se hiciera oficial, el anuncio de que la empresa adjudicataria de las obras del nuevo cuartel de Ponferrada, Construcciones Ramírez SL, entregaría al Ministerio del Interior el próximo día diez, las llaves del recinto. Agentes de la Benemérita y sus familias, más de 30, recibían con alegría la noticia de un calvario que ha durado más de lo previsto. Concretamente, un año más, pero la situación de la casa cuartel de Ponferrada, como las del Bierzo, a saber, Toreno, Fabero, Villafranca, Bembibre y Cacabelos, en total casi cien familias, es una situación que deja aún mucho que desear. Aunque eso, es otra historia. Inicio de los trámites Fue el exalcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, quien consciente de la situación del acuartelamiento de su ciudad. A todas luces anticuado y poco funcional, donde trabajan y viven 41 efectivos y 30 familias, se puso manos a la obra para modernizar el recinto. El director general de la Guardia Civil de entonces, López Valdivielso, y el edil, firmaron un Convenio para construir el nuevo cuartel. El Ayuntamiento, prácticamente, soportaba el mayor peso del proyecto, por lo que para Interior el decir «no» hubiese sido un error político y una afrenta a sus efectivos. La primera piedra, puesta por el entonces delegado del Gobierno, García Monge, dejó en un segundo plano a los dos principales artífices del Convenio, esto es, a Álvarez (sustituido por López Riesco en la alcaldía) y a López Valdivieso, quien finalmente no acudió al acto histórico para la ciudad. Nadie se pone de acuerdo en la versión de los hechos, pero lo cierto es que una serie de encargos desde la Guardia Civil a la empresa adjudicataria de las obras, serían el nuevo escollo que el cuartel tendría que salvar para inaugurarse. La empresa, a través de su aparejador, Miguel Rivero, afirma que «nosotros sólo hablamos con el Ministerio del Interior. No con el Ayuntamiento». Y el Ayuntamiento, a través de su concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, dice que «hemos cumplido el Convenio escrupulosamente». Lo cierto es que a los dos años las obras estaban culminadas y el cuartel lleva un año cerrado. Tres edificios, en una parcela de 6.000 metros cuadrados, albergan las 34 viviendas, administración, aparcamiento, sala de armas, sección de tráfico, amén de diversas salas para departamento judicial, etc. Pero, ¿si lleva un año terminado, por qué el retraso de inauguración? La respuesta, la clave, está en los pagos de las modificaciones en la obra. La factura, según el Psoe, ahora en el Gobierno, «corresponde a la Administración Central, por ser quien lo encargó, pero el PP lo hizo de forma verbal, sin proyecto. El Ministerio ha tenido que llevar todo a trámite legalmente y eso lleva su tiempo», dicen los socialistas ponferradinos. De hecho, el anterior portavoz socialista, Roberto Rodríguez, mantuvo en Madrid en una reunión con el ministro Alonso para «desbloquear» la cuestión. Desde el PP se dice que «fue también para que dejasen de politizar este tema». La presión de López Riesco y de todo el PP aumentó. El Psoe paró las críticas con fechas orientativas, e incluso hubo quien pidió, en el revuelo, un cuartel central comarcal en su pueblo.