Acusa a la sociedad de presentar al juez un contrato «simulado» para destilar vino embargado
Vinimusa denuncia a la cooperativa de Arganza por estafa y falsedad mercantil
El querellante recurre la autorización judicial de la venta y el desahucio de las instalaciones «T
La empresa vinícola Vinimusa, condenada a desalojar las instalaciones de la cooperativa de Arganza por impago de la renta, no se resigna a perder la batalla legal que mantiene con los cooperativistas y además de recurrir el desahucio ordenado por el juzgado número dos de Ponferrada, acaba de presentar una querella criminal contra el presidente de la sociedad San Fabián acusándole de un delito de estafa procesal y otro de falsedad en documento mercantil. Vinimusa también tiene denunciada a la cooperativa por supuesta apropiación indebida y sin contar con el juzgado de una parte del vino embargado en el proceso de desahucio -todavía en fase de tasación- y acusa ahora a la cooperativa de «simular» un nuevo contrato de compraventa para lograr que el juez les haya permitido disponer de 800 hectolitros para su destilación. La empresa gallega asegura en su querella que el contrato «simulado» para destilar un vino que en realidad sería «apto para el consumo», según la valoración de una sociedad enológica, no está autorizado está vez por la Junta de Castilla y León. «Responde a una simulación para presentar ante el juzgado que mantiene el embargo ( el número uno) y conseguir la autorización de venta de vino para destilación». Vinimusa afirma además que la cooperativa ha presentado avales bancarios de dos contratos sí autorizados en junio por la administración autonómica-que subvenciona la destilación cuando el vino es de baja calidad- y de los que no se informó al juzgado a pesar de estar el producto embargado. Según el querellante, la cooperativa ha contado ahora con el juez, pero induciéndole «a cometer un error», y también ha recurrido la providencia del juzgado número uno. El querellante asegura incluso que la fotocopia del contrato habla sólo de 51 hectolitros y el juez ha autorizado la destilación de los 800 hectolitros solicitados. Vinimusa también ha pedido al Servicio de Agricultura que retire la autorización administrativa de los contratos de destilación firmados en junio por tratarse de un producto de su propiedad y del que los cooperativistas son sólo depositarios, algo que les permite conservar el vino, pero no venderlo, ni siquiera para destilarlo.