Justicia deniega el indulto al ex jefe de Minas condenado por cerrar una cantera

El «caso Araújo», que se desarrolló entre 1993 y 1996 cuando el entonces jefe de Minas de la Junta de Castilla y León percibió dinero de un particular para perjudicar a una empresa extractiva berciana, Canteras y Concretos S.L., no acaba de apagarse ni mucho menos. El Ministerio de Justicia ha trasladado ahora al Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada la denegación del indulto que había solicitado el ex funcionario, Félix Sánchez Araújo. Y la titular de la sala, con fecha del pasado 28 de septiembre, ha librado ya un mandamiento de ingreso en prisión para el cumplimiento de un año y seis meses de reclusión. Aunque el penado no posee antecedentes, en este caso, según ha constatado este periódico en medios jurídicos, resultaría factible que fuera a la cárcel, puesto que hasta ahora no ha satisfecho ni las multas ni las indemnizaciones que se le habían impuesto. El ex jefe territorial de Minas de la Junta fue condenado en el año 2002 después de haber sido denunciado por el propietario de Canteras y Concretos, junto al apoderado de las empresas de áridos del grupo Martínez Núñez, Antonio Merino. Por cinco millones de pesetas A ambos les acusaba de un delito de cohecho -soborno-. La sentencia del 2002 del Juzgado de lo Penal condenó a los dos, al considerar que Merino había entregado a Araújo cinco millones de las antiguas pesetas. Aunque luego la Audiencia terminó revocando parcialmente el fallo y declaró extinguida toda la responsabilidad de Merino, dando por hecho que el delito de cohecho había prescrito. En la condena, sin embargo, se estipuló una indemnización para los denunciantes de 339.000 euros, como consecuencia de la clausura de la cantera de áridos en cuestión, situada en el término de Toral de los Vados. Y además se hacía responsable civil subsidiaria a la Junta de Castilla y León. La Junta tampoco paga Pero hasta el momento, la Administración regional sólo se ha hecho cargo de una ínfima parte de tal compensación. Por esta razón tras la última resolución del Ministerio de Justicia, la providencia de la magistrada del Juzgado de lo Penal de Ponferrada insiste: «Requiérase nuevamente a la Junta de Castilla y León, como responsable civil subsidiaria, a través de su representación procesal, para que haga efectivas las cantidades que restan por pagar de la indemnización impuesta». En el mismo texto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, se da traslado al Ministerio Fiscal «a fin de que informe si el penado ha de cumplir también por la responsabilidad personal subsidiaria de los 60.000 euros de multa». Por ahora, la magistrada ordena el mandamiento de devolución a favor de Canteras y Concretos de los 210,57 euros, que es la única cantidad que se ha podido retener, según la citada providencia del pasado día 28, a Félix Sánchez Araújo.