Orallo incapacita a Riesco y a Fierro para arreglar La Rosaleda

El secretario local del PSOE ponferradino, Wenceslao Orallo, cargó ayer las tintas sobre la gestión que están realizando el alcalde, Carlos López Riesco, y el concejal de Urbanismo, de la ilegalización de la edificabilidad de La Rosaleda. Orallo salió en defensa de los planteamientos de la Federación de Asociaciones de Vecinos sobre este asunto, y puso en tela de juicio la capacidad de los dos responsables populares para arreglar la falta de espacios públicos que según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia se echan de menos en el nuevo barrio. En opinión del responsable orgánico de los socialistas, lo primero que debe hacer el equipo de gobierno es acatar el fallo y por consiguiente estudiar cómo restituir a la ciudad «lo sustraído». Orallo critica las manifestaciones de Fierro y Riesco porque a su juicio sólo persiguen ganar tiempo. «El anuncio de recurrir la sentencia no sigue el criterio que la propia Junta ha manifestado. Siguen empeñados en hacer el ridículo con la intención de ganar tiempo y generar más incertidumbre», remarcó. Además, lamentó que los populares no hayan explicado aún cómo conseguir 152.000 metros en el entorno próximo de La Rosaleda para compensar la falta de suelo dotacional y verde. «En resumen», enfatizó, «el equipo de gobierno no sabe ni dice nada de lo que realmente interesa a la ciudad». Desde este prisma para el secretario del PSOE local, toda Ponferrada debe estar agradecida a la plataforma vecinal por haber conseguido una sentencia contraria al diseño de La Rosaleda. Además, Orallo emplazó al Ejecutivo Riesco a no conceder más licencias de construcción en esa zona hasta disponer de una solución urbanística. Incluso sugirió al alcalde, tras descalificarlo para liderar una respuesta, la siguiente medida: «El señor Riesco debe dejar la solución en manos de las ciudadanas y ciudadanos de Ponferrada a través de sus legítimos representantes; asociaciones de vecinos, partidos políticos y entidades profesionales, sindicales y económicas, pues ambos dirigentes carecen de legitimidad» por la «ilegalidad permanente» en la que se inscriben sus decisiones.