Intervenciones de urgencia

Ante esta tesitura de no aplicación legal a rajatabla, salvo en municipios de más de un millón de habitantes donde se cuenta con recursos técnicos y humanos para mantener, por decirlo de alguna forma, el «parque inmobiliario», en óptimas condiciones y realizando las revisiones y el estado de conservación apropiado. Lo que le queda a los municipios, como el de Ponferrada, según confirma el propio concejal de Urbanismo, Juan Elicio Fierro, «es intervenir cuando el propietario no atiende a los informes, escritos y advertencias de los técnicos municipales». El Ayuntamiento ejerce la tutela de solares y edificios en un segundo lugar, «primero, como ya dijimos, son los dueños los responsables del estado de conservación, salubridad, etc; de sus inmuebles». Son la propia Policía Local, técnicos municipales, incluso vecinos con sus denuncias, los que ponen en conocimiento de una situación que, por su peligrosidad en la mayor parte de los casos; no así por estética, permiten al Ayuntamiento intervenir. «Incluso a veces se ha dado el caso de cuestiones de falta de salubridad, con solicitud de informes sanitarios y de órdenes judiciales», explican técnicos consultados. Picaresca De ahí que esos edificios que presentan un claro abandono, pero que sin embargo tienen dueño, suelen a veces ocultar la picaresca de inversiones inmobiliarias, herencias y otras situaciones en las que «se prefiere tener un mal edificio, un solar rozando la legalidad, que gastar un euro en mantenerlo en condiciones estéticas», afirman las mismas fuentes técnicas municipales. Sólo en casos flagantes es cuando el Ayuntamiento interviene obligando a tapiar entradas, cerrar solares con cercas y muros, limpieza y desbrozado de interiores, a veces pintura de fachadas y, sólo en casos de expediente de peligrosidad pública y casi siempre por respaldo judicial, se llega al último recurso: obligación de demoler el inmueble con coste a cargo de la propiedad.