Marqués pide la dimisión del alcalde y reclama al PP soluciones en una Comisión de Urbanismo
El PSOE augura derribos en La Rosaleda si se edifica tras la sentencia del TSJ
Marqués: «Ha sido la ilegalidad cometida por el PP la que ha bloqueado el desarrollo del barrio»
El grupo municipal socialista de Ponferrada advirtió al equipo de gobierno del PP de que se enfrentaría no sólo a un delito de prevaricación si concediera nuevas licencias de construcción en La Rosaleda, sino también a la posible demolición de todas las edificaciones levantadas tras la sentencia desfavorable al diseño urbanístico del barrio dictada por el TSJ, dictada a mediados de noviembre. La concejala socialista Ángela Marqués reclamó la dimisión del alcalde, Carlos López Riesco, y se apoyó en los informes de la Secretaría y los servicios jurídicos municipales -que vinculan la concesión de nuevas licencias a la reserva de suelo destinado a espacios de equipamiento público en previsión de que la sentencia del TSJ sea firme- para avisar una vez más al equipo de gobierno de que se abstenga de autorizar más viviendas, a pesar de que haya recurrido el fallo. «Si se mandan derribar esos edificios, sería un caos tremendo», alertó Marqués, augurando una cascada de reclamaciones judiciales. «Nos preocupa que se ponga en peligro el ahorro de familias que quieren comprar una vivienda en La Rosaleda. Podrían además, pedir daños y perjuicios y reclamar responsabilidades a nivel individual de los responsables del diseño urbanístico, que tendrían que responder con sus propio patrimonio y sin el escudo del Ayuntamiento», advirtió. La edil, que insistió en que la operación «especulativa» de La Rosaleda, está costando «6.000 millones de pesetas anuales en créditos», reclamó una vez más la convocatoria de la Comisión municipal de Urbanismo para que el equipo de gobierno ofrezca soluciones y negó la acusación efectuada el martes por el concejal del área, Juan Elicio Fierro, que considera que el PSOE está bloqueando el desarrollo de La Rosaleda. Marqués reconoció que el diseño del barrio «no nos gusta» por la falta de viviendas sociales, el exceso de alturas y de tráfico que acarrearán las 5.000 viviendas, pero insistió en que «ha sido la ilegalidad del PP quien lo ha bloqueado» tras la sentencia del TSJ que señala la falta de suficientes equipamientos públicos para las alturas planificadas. Marqués reclamó la dimisión de Riesco por entender que «es la única forma de que recupere la credibilidad perdida y la dignidad política».