El juzgado confirma el cierre del cielo abierto anexo a la Gran Corta

El Juzgado Contencioso Administrativo número dos de León ha desestimando el recurso interpuesto por Unión Minera del Norte (Uminsa) contra un decreto de la alcaldía de Fabero que confirmaba la suspensión y paralización de las actividades de explotación de carbón a cielo abierto en los aledaños de la Gran Corta, concretamente en las concesiones mineras conocidas como Julias, en el mes de noviembre de 2003. En su sentencia el juzgado de lo Contencioso Administrativo dice que Uminsa no ha probado que las concesiones Julias estuviesen comprendidas dentro de los límites físicos de la Gran Corta, dando así la razón al Ayuntamiento de Fabero. Por lo que concluye que según la Ley de Urbanismo de Castilla y León, es necesaria la obtención de licencia urbanística para las actividades mineras y extractivas en general. En este sentido, la sentencia dice que el Ayuntamiento de Fabero ha procedido conforme la los establecido por la ley. «Cuando se esté ejecutando algún acto que requiera licencia urbanística, sin que la misma haya sido otorgada, el Ayuntamiento acordará, además de la incoación del procedimiento sancionador y de restauración, la paralización de los actos de ejecución», se afirma taxativamente en el fallo. También se refleja en las conclusiones de la sentencia que no consta que en el orden medio ambiental se haya solicitado licencia de actividad ambiental clasificada, que por otra parte nunca podrá ser suplida por la declaración de impacto ambiental. La sentencia no se pronuncia sobre las costas del contencioso y hace constar que contra la misma se puede interponer recurso de apelación en el plazo de los quince días siguientes a su notificación. El origen de este litigio ahora fallado por el Juzgado número dos del contencioso Administrativo de León, está en una orden de suspensión y paralización de las actividades mineras a cielo abierto en los aledaños de la Gran Corta de Fabero decretado por el Ayuntamiento de Fabero y la desestimación del recurso interpuesto por Uminsa. El Consistorio argumentó que dicha explotación no disponía de las pertinentes autorizaciones, al ser una ampliación de explotación, mientras que la empresa consideraba que esta ampliación estaba contemplada dentro de la licencia de que goza la Gran Corta desde el año 1994. Como resultado de estas divergencias, en el mes de mayo de 2004 tras proceder el Ayuntamiento al precinto de la maquinaria que laboraba en dicho tajo. Uminsa mandó al paro a 22 trabajadores, la mayoría de ellos de Fabero, y anunció su intención de iniciar acciones judiciales. La tenacidad de los sindicatos que sentaron en la misma mesa a empresa y al Ayuntamiento, forzó a las autoridades municipales a levantar cautelarmente la paralización del tajo a cambio de que Uminsa dejase sin efecto la regulación de empleo que afectaba a estos 22 trabajadores y que se fijase un calendario de negociaciones para desbloquear el problema.