En torno al PGOU de Ponferrada

SE acaba de aprobar, sin consenso y sin participación, la revisión del plan anterior el cual logró dotaciones públicas e importantes espacios libres para la ciudad. Se encubre ahora como «revisión» cuando es un nuevo Plan que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 10 años mediante entrega de espacios a promotores del suelo sobre la base de una discutida necesidad de vivienda -a la estadística de vivienda vacía nos remitimos-; se dilapida ahora ese suelo, mediante una intervención municipal más activa, alejada de la libertad de mercado que caracteriza la doctrina neoliberal y que, paradójicamente, en la Ponferrada del PP, acerca e incluso «mejora» el denostado modelo intervencionista. El Plan encierra un fraude social, diseñado por la directriz de un equipo de gobierno sin principio ideológico o ético alguno: destroza la zona verde de la antigua montaña de MSP y la liberada de Endesa, únicas expectativas de espacios públicos en el enclave neurálgico del desarrollo social de la ciudad y que ahora se pretende convertir en vivienda. De todo ese terreno público se deja un anillo verde para que continúe sobre el resto, al igual que en La Rosaleda, el despropósito del grupo de gobierno, omitiendo, no solo lo sentenciado sino sus propias promesas electorales de respetar esos espacios. Nace este plan como producto de la «clarividencia» e interés espurio de unos pocos y contrario, en su procedimiento y seguimiento, a los compromisos adquiridos por la Corporación de respeto al principio de participación activa de la Carta de las Ciudades y Pueblos, es decir, sin información pública previa a la aparición del documento ya elaborado, sin una visión ciudadana común y sin transparencia. Contiene un diseño de crecimiento que desequilibra la ciudad, la orienta hacia zonas del oeste, sin apenas equipamientos e infraestructuras, aunque de poderosos propietarios, y cuando aquellas existen, se hace con tipologías edificatorias en desuso, alineadas sobre viales de comunicación a ciertos pueblos, de forma disparatada y en función de afinidades políticas. Olvida la sostenibilidad solidaria de otros pueblos y barrios, amén de con la comarca al pretender potenciarse sobre el despoblamiento de esta, sin justificar la necesidad edificatoria propuesta. Este desequilibrio se ha constatado en el último decenio como efecto de las cirugías en el centro urbano y por las desastrosas decisiones contra el PGOU vigente como los tribunales han puesto de relieve. Las malas prácticas están a la vista: un barrio de los peores años 60 denominado Rosaleda, un paredón que impacta grotescamente contra el río y el castillo y un casco antiguo -en teoría protegido- que ha absorbido sus mejores espacios de equipamiento para viviendas de más que dudosa catalogación edificatoria. Es un Plan que no articula con lógica la ciudad: se dejan sin ordenar suelos con vocación urbana, limítrofes al centro, articuladores de barrios y de proximidad con la red viaria existente, los cuales deberían dar respuesta a la expectativa edificatoria, si existe, de muchos propietarios; se les aparta de la lógica urbanística y se condenan a suelo rústico de «cuartal», -cuando no protegido- con el caramelo envenenado de que pueden ser edificados. No es aventurado pensar que este suelo servirá para confrontar a particulares y de desorden urbano. En esa línea intervencionista, ciertos suelos urbanos, no controlados por Pongesur, son castigados con ordenación pues, siendo económicamente inviables, no pueden competir con la omnipotente sociedad. Sobre el suelo susceptible de edificación se escribe con mayúsculas la palabra arbitrariedad: el premio para pocos se logra castigando a muchos y la plusvalía se convierte en herramienta de interés espurio. Es un plan nada preocupado por el AVE; no hace las previsiones necesarias -se mantienen las infraestructuras que quedan-; es incongruente y temerario por cuanto que reserva suelo para la estación del AVE, de doble ancho de vía, según recoge su fundamento teórico y, sin embargo, no ordena zonas de entrada, de tal suerte que los bordes de la existente, se declaran edificables, lo que hace peligrar la viabilidad económica de su ejecución. ¿Debemos permitir que unos iluminados determinen hoy con mano dura un Plan carente de previsión y nos hagan responsables luego de la dificultad que contrae nuestra ciudad para la consecución de esta gran infraestructura que, sin duda, deberá determinar su futuro? Tenemos la obligación de exigir que esta cuestión sea debatida para que la muralla ferroviaria existente y que fractura nuestra ciudad se resuelva. Sólo estos asuntos justifican que el PGOU no se apruebe con una urgencia condicionada por razones urbanizadoras electorales y por las adversas sentencias que dejan a propietarios sin saber qué hacer, sospechosamente entremezclada entre intereses de quienes no representan, en su dimensión de ordenación de ciudad, a la mayoría de las y los ciudadanos. Con su rápida aprobación, este Plan, viciado desde origen, solo trata de obtener Carta de Legalidad a los desmanes cometidos y a los próximos que se van a cometer. De todos depende lograr del grupo de gobierno que escuche y reflexione sobre la conveniencia de que este plan sea de y para todos los habitantes de la ciudad.