Los despedidos de Cerámicas Arias piden juicio por alzamiento de bienes

Dos años después del desmantelamiento de la empresa Cerámicas Arias los 23 trabajadores de la planta, que siguen sin haber cobrado ningún tipo de indemnización, quieren sentar en el banquillo al que fuera administrador único de la sociedad y a sus padres por un presunto delito de alzamiento laboral de bienes, al considerar que las propiedades embargadas continúan en poder de la familia. Los trabajadores, que reclaman más de 600.000 euros en concepto de indemnización, salarios pendientes e intereses de demora, se acercaron ayer hasta el Palacio de Justicia de Ponferrada para conocer los detalles de la declaración de los tres denunciados ante magistrado del juzgado número dos. El administrador único, que ha montado una nueva empresa en Honduras, Enrique Arias Voces, no se personó. Sus padres, a los que los demandantes acusan de adquirir la hipoteca de parte de los bienes embargados mediante una sociedad denominada Transfer La Martina S.L, sí lo hicieron. Ángel Arias y Carmen Voces facilitaron al juez el domicilio de su hijo en Honduras y después de asegurar que estaban desvinculados de la empresa, justificaron la compra de la hipoteca para conservar los terrenos de la familia y evitar que se subastaran. De acuerdo con la denuncia de los trabajadores, Transfer La Martina se habría hecho cargo de la hipoteca pendiente de 568.635 euros sobre las instalaciones de Cerámicas Arias en Villamartín de la Abadía y Cerámicas industriales de Galicia en Monforte de Lemos, del mismo grupo, que habían presentado suspensión de pagos. Los demandantes también denuncian que otra sociedad vinculada a la familia, Nam Soares S.L., también habría adquirido la hipoteca de 505.577 euros sobre la tercera empresa del grupo, Cerámicas El Castelo. Cerámicas Arias envió temporalmente al paro a sus trabajadores en septiembre de 2003, pero nunca volvió a reabrir sus instalaciones. Con la actividad paralizada, la empresa nombró un nuevo administrador único, Alfonso Prada Gayoso, que constituyó una nueva sociedad, Pelida S.A, que pasó a ser socio único de la firma y que concedió vacaciones a la plantilla en lugar de reincorporarla. Despidos improcedentes Los trabajadores comprobaron al término del periodo vacacional que la empresa había sido desmantelada y no tuvieron más remedio que acudir a los juzgados de lo Social para denunciar su despido y acceder al menos a las prestaciones por desempleo. Los juzgados les dieron la razón, pero nunca han cobrado y las hipotecas de los bienes embargados han cambiado de sociedad, pero no de familia, se quejan.