El TSJ rechaza la demanda de los cazadores contra la subasta del coto

Perros envenenados, frutales talados, cepas destrozadas y disparos al aire. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acaba de cerrar con una sentencia favorable a la Junta Vecinal una de las disputas más enconadas que se recuerdan en Castropodame; la que enfrentaba desde hace un lustro a un grupo de cazadores del municipio y sus alrededores con el pedáneo, Angel García Barredo, por haber subastado a un tirador de origen gallego el aprovechamiento del coto de caza de la localidad. La sentencia del TSJ rechaza el recurso contencioso contra la adjudicación del coto presentando por nueve cazadores, que reclamaban la nulidad de la subasta argumentando que los terrenos eran propiedad de una comunidad de bienes denominada Cazadores de Castropodame y de la que formaría parte como un socio más la propia Junta Vecinal. Los magistrados, sin embargo, entienden que «la única titular del derecho cinegético acreditada es la Junta Vecinal, que lo tiene incluido en su inventario de bienes», lo que le concedería «el derecho a utilizarlo como estime conveniente dentro de los márgenes que le permite la normativa local». Los jueces consideran que los demandantes no han podido acreditar ningún título de propiedad sobre el coto que ampare su exigencia de continuar disfrutando del derecho de caza en la zona. El enfrentamiento por el coto alcanzó momentos de tensión cuando en el otoño del año 2000, dos perros del nuevo titular del coto aparecieron envenenados antes de iniciar una jornada de caza. El pedáneo también había presentado sucesivas denuncias por daños en sus propiedades y actos intimidatorios que siempre vinculó con la subasta del coto. Ángel Arias sufrió la tala de árboles frutales, destrozos en sus viñas, y llegó a denunciar ante la Guardia Civil que tres personas se habían dedicado a disparar al aire en las inmediaciones de su casa. Los cazadores siempre negaron cualquier relación con los ataques sufridos por el pedáneo, aunque un juzgado de Ponferrada condenó a mediados del 2002 a cuatro personas por coaccionar al adjudicatario del coto, el gallego Ricardo Quiza, para que no cazara en la zona. Otro grupo de cazadores resultó absuelto en el mismo procedimiento por falta de pruebas.