Ocho años de prisión para el médico de Ponferrada acusado de abusos sexuales

La Sala Tercera de la Audiencia Provincial de León notificó ayer a los abogados de las partes la sentencia por la que se condena a un médico de Ponferrada a una pena de ocho años de prisión y una indemnización de 20.000 euros, por considerarlo culpable de dos delitos de abuso sexual continuado y un delito de estupro, por los que fue juzgado hace tres semanas. El fallo contempla además una inhabilitación para el ejercicio de su profesión. El texto del fallo entiende que está probado que desde 1990 y hasta 1993, aprovechando que una menor, que en aquella época tenía entre 12 y 15 años, acudía a su consulta de endocrinología, el condenado satisfacía sus instintos sexuales cuando se quedaba a solas con ella, tocándole el pecho y metiéndole el dedo en la vagina. Desde 1992 hasta julio de 1993 instó a la muchacha a que mantuviera relaciones sexuales con él, consumando las mismas en dos o tres oportunidades en el desván de su domicilio, en una céntrica avenida ponferradina. También considera que desde julio de 1999 hasta marzo del 2001 realizó tocamientos a una segunda niña, de 13 años de edad en el momento de los hechos, hija de los propietarios del establecimiento médico en el que trabajó desde diciembre de 1995 hasta marzo del 2001. Tres víctimas Finalmente, una tercera víctima, amiga de la segunda niña, fue objeto de comportamientos de características similares. Cuando acudía al centro médico en cuestión a acompañar a su amiga, era objeto de tocamientos en la zona del pecho, tanto por encima como por debajo de la camiseta, llegando a tomarle en alguna oportunidad la mano para llevársela a sus genitales, por encima del pantalón. Después de todos estos comportamientos, el juez entiende que procede una condena de cuatro años de prisión por un delito de estupro, y dos años de prisión por cada uno de los delitos de abuso sexual continuado, además de una indemnización de 20.000 euros, según reza el fallo, de acuerdo a las informaciones ofrecidas por la Cadena SER. Cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en los plazos previos establecidos por la Ley, circunstancia que determina que la sentencia no sea firme por el momento. El fiscal, en su escrito de calificaciones, solicitaba una pena de doce años de prisión, que se ha rebajado finalmente a ocho y una indemnización de 12.000 euros, que finalmente ha sido cifrada por el juez en 20.000 euros. Además, se incluye la inhabilitación del procesado para la práctica de su profesión, cuestión que no se recogía en las calificaciones previas.