El equipo de gobierno remarca que las sanciones impuestas a la asociación «no se negocian»
Fierro reúne a las partes para buscar una salida al conflicto caboverdiano
El Ayuntamiento aplicará la ley cada vez que la asociación de inmigrantes haga fiestas ilegales
El Ayuntamiento de Ponferrada ha decidido promover un encuentro entre los representantes vecinales del inmueble número 8 de la calle San Genadio y los de la comunidad de inmigrantes caboverdianos, después de que un grupo de estos últimos decidiese encerrarse en los bajos del edificio para evitar el precinto de las instalaciones de su sede, por incumplir con lo estipulado en la licencia municipal de apertura y uso. El concejal de Urbanismo, Juan Elicio Fierro, fue ayer tajante. Aseguró que, como es lógico, todo ciudadano debe cumplir la normativa y la asociación de caboverdianos no son más ni menos que nadie, y como todos, deben seguir lo que dicta la ley. Por eso, el Ayuntamiento ha actuado y se han abierto una serie de expedientes en base a los informes de la policía. Por un lado están los intereses de los vecinos de la zona, que aseguran que ven perturbada la tranquilidad en su vivienda por la actividad que desarrollan los caboverdianos en la sede que tienen situada en la capital berciana. Por otro, el colectivo de inmigrantes, que creen que les están persiguiendo y atentan contra sus costumbres cuando les multan por organizar fiestas en su local alquilado o los vecinos se quejan de lo que ven y oyen. Ante esta delicada situación, con dos versiones diferentes y contrapuestas, desde el Ayuntamiento lo único que pretenden es abrir una vía de diálogo entre las partes. «Nosotros sólo fomentamos una reunión de las dos partes para identificar con precisión lo que allí pasa, porque hay dos versiones diferentes; y si esa reunión permite entrar en la vía del entendimiento, pues mejor que mejor, pero la misión del Ayuntamiento de Ponferrada es hacer un seguimiento de la licencia y si detecta algo irregular, actuar», dijo Fierro. Otras fuentes municipales también resaltaron que los expedientes sancionadores, como el que está en curso por la actuación de la asociación de caboverdianos «no se negocian», en alusión a la invocación al cónsul. «La ley es la misma para todos», expresan al respecto de manera tajante y para evitar cualquier duda.