Vecinos de los chalés de la MSP irán a los tribunales si prospera la alta edificabilidad en el contorno

Propietarios y residentes en la zona de los chalés de la MSP, en el entorno del Museo del Ferrocarril y del colegio Valentín García Yebra, estudiarán la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra el Ayuntamiento, incluso por la vía penal, si el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ponferrada sale adelante con la edificabilidad prevista en el contorno de dicha área residencial. Ordenanza dos Un sector de los propietarios considera que el nuevo planeamiento favorece esencialmente los intereses del grupo de empresas de Victorino Alonso en cuenta que introduce una modificación -básicamente frente al Museo del Ferrocarril- que deroga la actual ordenanza dos, cuya finalidad es proteger la tipología arquitectónica de las edificaciones que en su día promovió la MSP para sus empleados. Dicha ordenanza pretende preservar, según la propia interpretación de los propios vecinos, los edificios del antiguo poblado como zona histórica y de valor industrial. De seis a ocho alturas Los propietarios contrarios a la modificación ya salieron al paso cuando durante el anterior mandato municipal se modificó puntualmente la mencionada ordenanza dos para cumplir con un convenio urbanístico con el grupo Alonso que permitía levantar edificaciones de bajo y seis alturas. Los detractores de la revisión urbanística en este punto concreto consideran «aberrante» que en el nuevo PGOU se prime la residencia en bloque en una de las parcelas pertenecientes al grupo Victorino Alonso, donde se pasaría a poder construir hasta ocho alturas. Esta edificabilidad contrasta, remarcan los residentes, con las casas unifamiliares de dos plantas que componen el conjunto de las viviendas de la MSP, en pleno centro de Ponferrada. Aunque los titulares de viviendas ya han presentado las correspondientes alegaciones, si en la aprobación del PGOU tras el periodo de información pública en el que se encuentra inmerso, hace caso omiso a las mismas, el propósito es iniciar acciones judiciales incluso por la vía penal, según informaron a este periódico portavoces de esta postura.