Trujillo considera compatibles las plataformas de Toral y Ponferrada

La ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, realizó ayer una visita relámpago a Camponaraya para inaugurar con el municipio berciano la nueva política de apoyo a edificación de viviendas protegidas en Castilla y León que su ministerio impulsará a través de la empresa pública del suelo Sepes. Trujillo -que llegó a Camponaraya en helicóptero para poder desplazarse después a Miranda de Ebro (Burgos) y a Palencia- firmó con el alcalde, el socialista Antonio Canedo, el convenio que promoverá la edificación de 550 viviendas sociales con una inversión de 10 millones de euros y en una extensión de algo más de 18 hectáreas. La ministra aprovechó su estancia en el Bierzo para defender el proyecto del centro logístico de Toral de los Vados frente a las recientes críticas del PP, que lo consideran poco menos que obstáculo para el desarrollo de la plataforma logística que promueve la Junta de Castilla y León en Ponferrada. «Por supuesto que son compatibles», aseguró la ministra de las dos plataformas. Bajo la carpa instalada ante el Ayuntamiento de Camponaraya para firmar el convenio urbanístico en presencia de un numeroso grupo de vecinos, Trujillo auguró «unos beneficios impresionantes» para el centro logístico de Toral -cuyo alcalde, al igual que otros regidores socialistas como los de Fabero o Cubillos, no faltó a un acto que concluyó con una fiesta popular- y afirmó que el PP critica el proyecto porque es una administración socialista la que lo impulsa. «El PP suele oponerse a todo lo que sea beneficioso para el desarrollo económico y para los ciudadanos allí donde estamos actuando». La ministra insistió además en que la plataforma logística de Toral, para la que el Gobierno ha comprometido una inversión de 10 millones, formará parte de la red del Sepes, «y el beneficio de unas plataformas será el beneficio de todas». En cuanto al convenio para promover las viviendas sociales en Camponaraya, el primero de los tres que firmó ayer la ministra en Castilla y León, Trujillo afirmó que el suelo se venderá en concurso público junto con los proyectos de edificación de las viviendas «con todos los criterios de sostenibilidad», de forma que «el precio de repercusión no sea superior al 15%» y se puedan construir viviendas protegidas. La firma del convenio dio pie a la ministra para publicitar las líneas maestras de la política de vivienda del Gobierno central, cuyo plan de choque supone una inversión de más de mil millones de euros en su objetivo global de dotar de viviendas sociales a 720.000 familias en esta legislatura. En el caso de Castilla y León, la ministra aseguró que el Gobierno ha beneficiado a casi 12.000 familias en el último año -un 80 por ciento jóvenes- dos mil más de las previstas, y reprochó a la Junta que no haya construido todas las viviendas protegidas del plan conjunto, que supondrá edificar 37.500 viviendas en la comunidad con una inversión de 268 millones de euros.