El Ayuntamiento reparará todos los daños ocasionados en el centro por el último asalto sufrido
La Policía reforzará la vigilancia en La Borreca para evitar los actosvandálicos
El concejal de seguridad ciudadana propone la instalación de una alarma en el centro
El Ayuntamiento de Ponferrada, a través de su concejal de tráfico y seguridad ciudadana, Severino Alonso, se ha comprometido a arreglar los daños ocasionados en el colegio de La Borreca tras ser asaltado y a reforzar la vigilancia. Severino asegura que continuamente la policía está vigilando tanto este como los demás colegios de la ciudad, defendiendo que en ningún caso «ha habido dejadez por parte del Ayuntamiento», por otro lado Severino insistió en que «el hecho de que el Mayor de la Policía esté de vacaciones no quiere decir que no se haya actuado con rapidez», como alegan las profesoras del centro, quienes se muestran desconformes con el trato recibido por la Policía Municipal y la Nacional, calificándolo de lento y dejado. Las profesoras del centro piden para mayor seguridad, aparte de la vigilancia, la mejora de las infraestructuras del centro, tales como ventanas o colocación de verjas, cuestión que según Severino Alonso, no es de su competencia, pero que el Ayuntamiento hará un informe para que llegue al Ministerio. Todo lo que sea competencia del consistorio, asegura el concejal, es de ejecución inmediata, por lo que todo lo que esté en sus manos será realizado con la mayor rapidez posible. Por su parte Severino Alonso da como solución eficaz, la colocación de una alarma de seguridad en las instalaciones del centro. Esta medida facilitaría así a la policía sus labores de vigilancia, ya que estaría conectada directamente a la comisaría de policía. Con este compromiso, entre Ayuntamiento y Colegio, las profesoras y padres del centro infantil, esperan que a la vuelta de la actividad escolar en septiembre, todo esté en orden y puedan contar con un recinto cercado con verjas, unas ventanas nuevas y una alarma de seguridad. De no ser así la alternativa a tomar por parte del profesorado y los padres, según Carmen Arroyo y Castorina Rodríguez, será ejercer presión en la Junta provincial a través de los padres de los 57 niños matriculados en el centro.