Diario de León

La CE cree que las medidas de la CNE, la venta de térmicas entre ellas, vulneran la normativa

Las condiciones a la opa de E.On sobre Endesa violan la legislación europea

La comunicación al Gobierno quedaría pendiende aún de una confirmación de la ilegalidad

La entrada a la central térmica de Compostilla II, en una imagen de archivo

La entrada a la central térmica de Compostilla II, en una imagen de archivo

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R. Arias - agencias | ponerrada
León

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La Comisión Europea cree que la mayoría de condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa de E.On sobre Endesa violan la legislación comunitaria y ha advertido de que, si confirma su ilegalidad, el Gobierno español tendrá que retirarlas. Según las conclusiones preliminares de Bruselas, que ya han sido notificadas a las autoridades españolas, las exigencias de la CNE para autorizar la fusión no respetan las reglas europeas sobre libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento. Entre la medidas impuestas por la Comisión Nacional de la Energía figura la venta de las centrales térmicas que se emplazan en el Bierzo, la de Compostilla II en Cubillos del Sil y la de Anllares, en Páramo, sobre la que Endesa sólo posee un tercio de su participación. El resto pertenece a Unión Fenosa. Hasta el 4 de septiembre La Comisión Europea cree que los requisitos fijados por el regulador español no se justifican por la seguridad pública y no son necesarios ni proporcionados para la protección de esa seguridad pública. El Gobierno español tiene hoara hasta el próximo 4 de septiembre para responder a Bruselas. La Comisión no precisó cuáles de las diecinueve medidas solicitadas por la CNE vulneran la normativa, pues «no quiere acusar en detalle» al Gobierno español y prefiere esperar a conocer sus explicaciones. Si las conclusiones preliminares se confirman y la Comisión solicita la retirada de las condiciones ilegales, esta decisión sería vinculante para las autoridades españolas. Último recurso El Gobierno podría, no obstante, recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero tendría que acatar la decisión de la Comisión hasta que hubiera sentencia, precisó un portavoz comunitario. En caso de no aceptar el dictamen de Bruselas, España se enfrentaría a un procedimiento de infracción y a la consecuente denuncia ante la Corte europea. Además, la decisión de Bruselas de considerar ilegales las condiciones de la CNE a la opa de E.ON podría ser invocada por terceros -como la eléctrica alemana- para reclamar ante tribunales españoles por las pérdidas ocasionadas por dichas medidas. Euroderecho de veto El Ejecutivo de la UE informó a principios de mes al Gobierno español de la posibilidad de paralizar cautelarmente las medidas impuestas por la CNE a la opa de E.On, una decisión que todavía puede adoptar para garantizar el respeto a la libre competencia. El Ejecutivo de la UE reiteró ayer que tiene la competencia exclusiva en las concentraciones de dimensión comunitaria, sobre las que los Estados miembros no pueden aplicar su legislación nacional. Tampoco pueden adoptar medidas para prohibirlas o perjudicarlas, excepto si esas medidas protegen intereses distintos a la competencia y son necesarias y proporcionadas, además de compatibles con la normativa europea. En las última semanas, instituciones y entidades patronales del Bierzo y la provincia en general se han pronunciado contra la fragmentación de la eléctrica española.

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