La Junta achaca la demora en la traída de Priaranza a problemas técnicos

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Fernández, respondió ayer a la amenaza de los responsables del municipio de Priaranza de tomar medidas por la paralización de las obras para la mejora del abastecimiento del agua. Fernández achacó la demora en la red de suministro por problemas técnicos. Al tiempo que mostró el compromiso de la administración autonómica con la obra. El delegado también destacó que los proyectos no se conceden por motivos políticos. El alcalde de Priaranza, José Manuel Blanco, acompañado por toda la corporación municipal amenazó, el pasado jueves, a la Junta con tomar medidas en un plazo de 10 días si la administración autonómica no explica los motivos por lo que se paralizaron las obras para la mejora del abastecimiento. La plicas se abrieron el pasado mes de febrero y el proyecto fue dotado con un presupuesto total de más de 520.000 euros. Por su parte, Eduardo Fernández justificó este retraso por «obstáculos exclusivamente técnicos». El delegado mostró su sorpresa al ver que hay «compañeros que creen que por afinidad política se resuelve un problema como la traída del agua» puesto que si piensan así también «pensarán que se concedió por motivos políticos, cosa que no es cierta». El delegado de la Junta apostilló que lo importante es el compromiso de la administración autonómica para sacar este proyecto adelante, en las condiciones, los tiempos y las disponibilidades presupuestarias establecidas. A su juicio, todo lo demás «son ganas de enredar». No obstante, ambos políticos concedieron en subrayar la importancia de la obra para el municipio de Priaranza ya que Villalibre de la Jurisdiccción, Paradela de Muces y Priaranza llevan desde el mes de junio recibiendo la visita de camiones cisterna para poder abastecerse de agua. Además, en el único depósito ubicado en la localidad de Villalibre hay una fisura que agrava la situación que padecen los vecinos. Para Blanco, la paralización de las obras supone «un atentado contra la salud de los vecinos».