El PSOE acusa al PP de perjudicar a los barrios con el suelo de Fustegueras

Si los vecinos próximos a las grandes bolsas de suelo público que en Ponferrada dejó la Fundación Fustegueras se habían imaginado unos beneficios sociales idílicos a medio y largo plazo, con la llegada del nuevo plan de urbanismo deberán cambiar ese concepto. Ya no serán beneficiarios de los equipamientos municipales que en principio se suponía iban a disfrutar en mayor porcentaje, y las ventajas sociales quedarán descafeinados o echadas por tierra. Esto es, a grandes rasgos, lo dicho ayer desde las filas del PSOE. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada censuró la postura del equipo de gobierno del PP por utilizar el convenio con la Fundación Fustegueras para argumentar que el plan de urbanismo es una actuación consensuada. «No nos parece correcto decir eso», manifestó la concejala del PSOE, Ángela Marqués. Ésta quiso dejar bien claro que el citado convenio, lejos de suponer «una tranquilidad» para barrios donde esta fundación cuenta con terrenos (Puente Boeza, Columbrianos, Los Judíos, entre otros), ha generado una «provocación entre los vecinos». El motivo no es otro, a juicio de los socialistas, que la decisión del alcalde Carlos López Riesco y su grupo de utilizar buena parte del terreno de la Fundación Fustegueras para construcción de viviendas y restar así espacio que debería ser para zonas verdes y equipamiento de servicios públicos. «Este convenio, lo único que hace es quitar a los barrios equipamientos que tenían, y a cambio, le hacen recalificaciones», insistió la concejala socialista. Como la Fundación Fustegueras es una institución sin ánimo de lucro, el grupo del PSOE en la oposición municipal solicita al alcalde y al PP que aplique «con toda claridad una total transparencia» a la hora de aportar las cuentas del dinero que se consiga con la venta de estos terrenos para la construcción de viviendas. El grupo de la oposición también se queja de que no se especifique el uso de la parcela que quedará junto a la estación de autobuses cuando se traslade en actual hipermercado Carrefour. «Los ciudadanos podrían opinar sobre esa plaza vía alegaciones y no lo han podido hacer», se quejó Marqués. También indica que se «discriminan sectores» urbanizables, «puesto que no se tocan las fichas».