El temor a las repatriaciones frena las denuncias por estafas laborales

Es un delito penado con entre dos y cinco años de prisión por atentar contra los derechos de los trabajadores, pero rara vez llega a denunciarse por el temor a las repatriaciones, o porque los estafados ni siquiera llegan a salir de su país. El engaño que ha sufrido el cententar dominicanos llegados al Bierzo con contratos basura a cambio de 6.000 euros no es único. El secretario general de la UGT en el Bierzo, Omar Rodríguez, aseguró ayer que su sindicato está al corriente de distintos casos de inmigrantes supuestamente estafados con empleos que no llegaban a concretarse nunca a cambio de dinero y que resultan «difíciles de probar», en primer lugar porque las víctimas no se atreven a denunciarlo. «Como estan sin papeles, no lo denuncian porque en seguida les dan la carta de expulsión, los llevan al aeropuerto y los ponen en su país», lamentó Rodríguez, que antes de acceder a la máxima responsabilidad de UGT en la comarca, trabajó con inmigrantes en la sección laboral del sindicato. Rodríguez advirtió de que una parte importante de los inmigrantes estafados espera en su país por un contrato que no llega nunca, y después de haber hecho un viaje de ida y vuelta a España con un vistado de turista para firmar los documentos, porque la Subdelegación del Gobierno no los autoriza cuando comprueba que los empleadores, «jubilados o pensionistas», aseguró, «no llegan a los ingresos mínimos». Una situación similar a la que explica el responsable ugetista ya se hizo pública a comienzos del verano cuando la Policía Nacional detuvo en Ponferrada a un vecino de la ciudad y a un supuesto intermediario dominicano por estafar presuntamente a once inmigrantes. El empleador cobra presuntamente 50.000 pesos por adelantado ofrencieéndoles contratos que luego desautorizaba la Subdelegación del Gobierno.