El Común rechaza la queja del PSOE sobre irregularidades en La Rosaleda

El Procurador del Común ha desestimado la queja presentada por el PSOE en la que denunciaba presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Ponferrada, al conceder licencias de construcción en La Rosaleda. Y ello, pese a la existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que anulaba el desarrollo de dicho sector y rechazaba la orden de la Consejería de Fomento por la que se aprobó la modificación del plan parcial que afectaba a la urbanización de este nuevo barrio. En su decisión de no admitir a trámite esta queja, el Común valoró que la sentencia del TSJ todavía no es firme y que el Ayuntamiento no tiene otra opción que seguir concediendo licencias, siempre y cuando los proyectos se ajusten al PGOU. En su resolución, reconoce además que, «hasta que la sentencia no sea firme no se pueden paralizar esas licencias», al tiempo que señala que es la Administración municipal a la que corresponde valorar los proyectos de urbanización y la concesión de los correspondientes permisos. Esta resolución viene a respaldar el informe que la Secretaría municipal llevó, hace más de un año, al pleno en el que se debatió la sentencia del TSJ, con un duro enfrentamiento entre el alcalde, Carlos López Riesco, y el portavoz de la oposición, el socialista Ricardo González Saavedra. Este informe descartaba que se frenara el desarrollo de La Rosaleda y concluía que el Ayuntamiento podía seguir concediendo licencias de edificación en esta zona. Al igual que indica ahora el Procurador, Secretaría hacía referencia a que se rige por una modificación urbanística aprobada y que el fallo judicial no es firme. La sentencia del TSJ declaró ilegal la modificación del diseño urbanístico de La Rosaleda por la que se permitió la construcción de 5.000 viviendas en este nuevo sector, sin cumplir con la reserva obligatoria de espacios para aprovechamiento público. Mientras los socialistas ven en esta actuación signos de prevaricación e ilegalidad, desde las filas del PP defienden el desarrollo del barrio, según ellos clave para la expansión de la ciudad, y aseguran que la aprobación del PGOU será la solución definitiva al problema.