El PSOE deposita su confianza en la Junta para que desbarate la aprobación

No hubo sorpresas. El PSOE votó en contra del plan de urbanismo, pero lo hizo esbozando una ligera confianza en la Junta de Castilla y León. Y eso, sólo para que esta administración, a través de su Comisión de Urbanismo, eche por tierra en el último trámite preceptivo este diseño urbano auspiciado por el PP. El PSOE lo considera ilegal, especulativo y favorecedor sólo de los intereses de unos pocos constructores. Es un plan del que, según el portavoz de la oposición socialista, los ciudadanos, ?a través de las operaciones especulativas de la empresa municipal Pongesur?, no se han beneficiado «ni un gramo». Ricardo González Saavedra se encendió después de que desde las filas del PP le dijeran que estaba aliado con un gran constructor local, cuyo nombre nadie pronuncia y todos dicen conocer: «No conozco ningún promotor que coincida con nosotros en defender más zonas verdes y más dotaciones y mejores viales. Nosotros no tenemos ni amigos ni enemigos, y ustedes, sí: o muy amigos o muy enemigos. Nosotros no tenemos relaciones volcánicas; nosotros ni fu, ni fa; el trincasubvenciones nunca tendrá nuestro apoyo y ustedes han perdido el norte y son insaciables», dijo, al tiempo que citó al ex alcalde Ismael Álvarez cuando dijo que ellos no eran políticos y sí un grupo de amigos. Con ello Saavedra remató la siguiente frase: «Ustedes tuvieron un proyecto de amigos y ahora han pasado del grupo de amigos al grupo inmobiliario». En un tono de menor confrontación dialéctica, desde el PSOE se le echó en cara al PP los 40 millones de euros de deuda municipal, de mentir con el proyecto de la montaña de carbón, de la gran plaza a la entrada del bulevar de La Rosaleda en la actual zona de Carrefour, del plan deficitario de zonas verdes y equipamiento, de bloquear en Compostilla el crecimiento de la Ciudad de la Energía, de discriminar con las bolsas de suelo, de crear un caos circulatorio con La Rosaleda, de castigar a los vecinos de Columbrianos con el vial de la avenida de Asturias y el Bayo, y de falta de actividad en materia de vivienda protegida. Se quejó Saavedra de que no haya más circuitos peatonales y de bicicletas, de no atender las alegaciones, y en especial, de no hacer caso a lo dictado por las sentencias del TSJ sobre La Rosaleda y Calleja del Río.