Ebasa acusa a Riesco de dilatar por un «capricho» el plan para edificar el S-4

El plan parcial para el desarrollo de más de 600 viviendas en el sector 4 (S-4), en el barrio de Los Judíos, es a juicio de los promotores con intereses en la zona, una estratagema del alcalde, el popular Carlos López Riesco, para retardar la edificación en dicho espacio. Empresas del Bierzo Agrupadas S.A. (Ebasa), que representa al grupo de constructores implicados en el S-4, difundió ayer un comunicado en el que acusa directamente a Riesco de plantear en la aprobación inicial del plan para desarrollar el sector «cuestiones de mero capricho». Para Ebasa, con un fin primordial: «dilatar años y años la aprobación definitiva». La sociedad considera que la aprobación inicial del plan urbanístico es «una aprobación demagógica, manipulada y tramposa, con un descaro que debe preocupar no solamente a nosotros sino al resto de la ciudadanía». Los promotores aluden a 31 exigencias que atribuyen directamente a Riesco, y que tachan en buena medida de «subjetivas». Ebasa, que entre sus socios cuenta a empresas constructoras como el grupo Martínez Núñez y cuyo presidente del consejo de administración es el también constructor Javier Rodríguez, señala a la primera autoridad municipal como el culpable de que este proyecto de ordenación, en el margen del río Sil, no haya avanzado apenas en dos años. Abusos Riesco Hasta el punto, según recoge el comunicado, de concluir lo siguiente en tono mordaz: «Los empresarios que integramos Ebasa, los técnicos y los asesores jurídicos que colaboran con nosotros somos unos inútiles, y el único que sabe de urbanismo es el señor alcalde». La sociedad considera que López Riesco está utilizando en este asunto, subraya: «La misma táctica que ya ha utilizado con otros empresarios que no han estado de acuerdo con sus abusos». Con todo, Empresas del Bierzo Agrupadas S.A., compañía que en el ámbito público también resultó adjudicataria de los terrenos de La Rosaleda para la construcción de un nuevo hotel, manifiesta su total disposición para adaptar el plan parcial a ciertos criterios relacionados con la aplicación del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se haya en fase de tramitación. Pero la sociedad se muestra impotente a la hora de hacer frente a otra «gran mayoría» de exigencias que apuntan: «Son caprichos intencionados, sin ningún respaldo legal para una aprobación inicial de este tipo».