La Fiscalía pide tres años de cárcel para ex gestores de la junta vecinal

A las 10.30 horas de hoy lunes, la sección segunda de la Audiencia Provincial de León juzga , bajo el sistema de jurado popular, a cuatro antiguos integrantes de la junta vecinal de la Granja de san Vicente, perteneciente al municipio de Torre del Bierzo. El presidente, el secretario y dos tesoreros entre los años 1998 y 2003 se sentarán hoy en el banquillo de los acusados como presuntos autores de sendos delitos de malversación de caudales públicos, por los que se les solicita una pena de tres años y medio de prisión y también inhabilitación para cargo público de hasta siete años. La vista judicial se prolongará presumiblemente por espacio de tres días. Según indican las calificaciones de la Fiscalía, los encausados «se apropiaron de distintas cantidades pertenecientes a la junta vecinal, por valor de 66.779 euros». Y todo ello, «con la intención de enriquecerse y valiéndose de sus cargos». La fiscal del caso indica que las cantidades «las obtuvieron a través de reintegros de las cuentas bancarias propiedad de la junta vecinal no justificados con facturas o justificantes de gastos, bien a través de las facturas expedidas por servicios o bienes no realizados ni adquiridos, o bien por facturas expedidas por cantidades superiores a las facturadas en realidad por los deudores». La fiscal entiende que de la documentación que estudió «han llevado una contabilidad irregular, los recibos no están numerados, no se entregaba copia de los mismos y existen recibos sin firmar, y en la mayoría de ellos no se especifica la prestación realizada y por la que se emite la factura». El 5 de junio del 2003 , según la Fiscalía entregaron al párroco de la localidad, mediante transferencia bancaria al Obispado 120.202 euros, bajo el pretexto de sufragar la reforma de la iglesia de La Granja, pero en la actualidad no se ha efectuado ninguna reparación, ni consta en el Ayuntamiento que se haya solicitado siquiera la licencia de obras. Por su parte, la defensa niega el delito y habla de hipotéticos errores contables. Su abogado dice que los acusados gestionaron los fondos de la junta vecinal «sin ánimo de lucro ni enriquecimiento personal, sino con el único objetivo de mejorar las condiciones de vida del pueblo y los vecinos». El abogado de los cuatro encausados pone en duda la auditoría privada, «pagada y contratada por la parte interesada y de dudosa objetividad».