Diario de León

El informe del asesor jurídico señala que el auto del TSJ no afecta a las viviendas ya construídas

El PGOU reordenará La Rosaleda y no habrá problemas de ocupación

El asesor municipal afirmó que si se aprueba el nuevo plan «no habría problemas para dar licencias»

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R. Arias - ponferrada
Ponferrada

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En un pleno crispado por la tensión preelectoral y trufado de alusiones implícitas a los intereses urbanísticos ocultos y a los patrimonios personales de unos y otros concejales, el informe «in voce» del asesor jurídico del Ayuntamiento puso ayer el único toque no estríctamente político al pleno celebrado sobre la repercusión pública del auto del TSJ que suspende la concesión de nuevas licencias de viviendas en La Rosaleda. El jurídico municipal, Manuel Barrio, vino a contestar a las dos grandes preguntas sobre el efecto de dicha resolución con respuestas tranquilizadoras al menos para los intereses de los compradores de pisos en la barraida y también de los inversores en la misma. De un lado, a instancias del concejal de Urbanismo, Barrio comentó lacónicamente que de aprobarse el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en su «concepción actual», precisó, «no habría problemas para dar licencias» en el barrio. Si bien puntualizó que la Junta de Castilla y León sigue sin autorizar definitivamente el PGOU a pesar de estar informado favorablemente. Además, a propósito de la interpretación del auto en sí, el mismo funcionario señaló que la suspensión sólo afecta a las licencias «futuras» y que no cabe en ningún caso pensar que tenga repercusión sobre las otorgadas hasta ahora. Eso supondría, por lo tanto, que tampoco complicará los permisos de primera ocupación de los pisos. «No les van a afectar, según la parte dispositiva del auto», matizó. En serio o en broma Ambas argumentaciones están en sintonía con las esbozadas por el grupo de gobierno del PP y muy en particular con las desgranadas por el concejal de Urbanismo, Juan Elicio Fierro. Tesis que el portavoz de la oposición, el socialista Ricardo González Saavedra, contradijo en todo instante. Por consiguiente, cuando el jurídico aportó la información reseñada, González Saavedra quiso saber si era una simple opinión o un informe. «Yo no quiero la opinión del asesor jurídico ni la de ningún funcionario. A no ser que tenga el valor de informe», rechazó el jefe de la oposición, que acusó al grupo de gobierno de obligarles a hacer «el paripé». El alcalde le replicó si pensaba que en lugar de en un pleno se hallaba en una reunión de amigos como para no dar valor de informe serio a las interpretaciones de los altos funcionarios. «De aprobarse el PGOU en su concepción actual no habría problemas para dar licencias» MANUEL BARRIO Asesor jurídico del Ayuntamiento

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