Los alcaldes piden al ministerio que medie en la crisis de la depuradora

La crisis institucional surgida por los problemas para la puesta en marcha de la estación depuradora de aguas residuales de Villadepalos, que saneará los vertidos de más de 100.000 ciudadanos incluidos los de Ponferrada, obligó ayer a los alcaldes de la capital berciana, de Camponaraya y de Carracedelo a recurrir a altas instancias del Ministerio de Medio Ambiente. Los tres regidores suscribieron una carta, dirigida al secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, en la que se le urge su mediación. Aunque la carta le será remitida, en realidad, esta mañana. En la misiva se solicita un encuentro «lo más pronto posible» en el que se sugiere, «podamos explicarle la situación por la que atraviesa la Edar del Bierzo Bajo, para cuya gestión hemos creado una Mancomunidad y todavía no ha entrado en funcionamiento». Y a renglón seguido, los alcaldes exponen someramente los problemas surgidos con la dirección de la Confederación Hidrográfica del Norte por «una serie de decisiones -argumentan- que a nuestro entender son injustas». Aunque en el texto no se ofrecen más detalles, lo cierto es que tanto Riesco como Canedo como Valcarce fueron muy explícitos al reclamar públicamente que sea la Confederación Hidrográfica del Norte la que, como en su día se contempló en el protocolo inicial de la obra, ponga en marcha toda la infraestructura durante no menos de seis meses. Y aún antes, que entregue toda la documentación, incluida la preceptiva autorización de vertidos. En dicha línea, los tres políticos llamaron la atención en tono discriminatorio sobre el hecho de que son las confederaciones de toda España las que ponen en funcionamiento la mayoría de las estaciones depuradoras antes de ceder su gestión en las debidas condiciones. El alcalde de Ponferrada se preguntó qué es lo que ha ocurrido para que en el caso de la que se ha construido en Villadepalos, y en la que se han invertido 64,5 millones de euros, no se adopte la misma determinación. Para los alcaldes, lo único razonable es que la Confederación del Norte garantize la puesta en marcha de la instalación durante un año.