Robles pide a la Junta que se olvide de la política y agilice la Ley de Dependencia

El secretario general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Ignacio Robles, dio a conocer ayer en Bembibre los pormenores de la aplicación de la ley de Dependencia en una charla en la que solicitó a la Junta de Castilla y León la agilización de la firma de los convenios para dotar de las ayudas establecidas a los más de cuatro mil dependientes de la comunidad. El Estado aportará además 17,3 millones de euros para inversiones públicas en servicios de dependientes. La Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia es, según Robles, «la más importante de las aprobadas en esta legislatura que preside Rodríguez Zapatero». Robles destacó el consenso en su aprobación. «Se ha aprobado con el consenso de los grandes partidos políticos -tan solo PNV y CIU votaron en contra- pero además ha habido un gran acuerdo entre las asociaciones de empresarios, sindicatos, federaciones de discapacitados. Es un consenso entre la sociedad política y la sociedad civil». Según el secretario del Imserso, serán un total de 1.125.000 personas las que se verán beneficiadas en todo el país con la aplicación de ésta ley, cuatro mil de ellos en la comunidad autónoma de Castilla y León. «A partir del 1 de enero de 2007 ya los grandes discapacitados cuentan con una serie de aportaciones económicas». Perjudicados por el retraso El desarrollo de la Ley de Dependencia corresponde a las comunidades autónomas, y en ese sentido Ignacio Robles dirigió un reproche a los responsables de la Junta de Castilla y León. «Algunas comunidades han acelerado la aplicación y ya cuentan con personas atendidas por los servicios sociales, personas que reciben prestaciones económicas cuando esos servicios sociales no pueden asumirlos. Sin embargo Castilla y León ha sido una de las más remisas para poner en funcionamiento la ley. Si lo hace por motivos políticos creo que deben dejarlos de lado porque los perjudicados son los ciudadanos de ésta comunidad autónoma y no pueden ser privados de esas prestaciones de servicios», afirmó. Las aportaciones que la ley de dependencia ha aprobado para Castilla y León han sido fijadas en 17,3 millones de euros además de las aportaciones personales para los más de cuatro mil dependientes estimados, a los que se adjudican 250 euros al mes para los de grado 2 y 175 euros al mes para los dependientes de grado uno. «Pedimos a la Junta de Castilla y León que, cuanto antes, firme los convenios para que pueda recibir las cantidades previamente acordadas en el Consejo Territorial y beneficiar así a los ciudadanos dependientes», insistió.